En concreto, Barberà quiere que se subsane la situación creada a partir de la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo de abril de 2012.

Entiende que este decreto vacía las competencias de las comunidades en materia de gestión de sustituciones del profesorado, lo que llevó a la Generalitat de Catalunya a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. En virtud de esta norma, señala CiU, los profesores titulares que están de baja no podrán ser sustituidos por personal interino hasta que transcurran diez días lectivos. Ello obliga al centro a cubrir esta baja con el resto de sus profesores, lo que va en detrimento del conjunto de los alumnos.

Transcurridos varios meses de la puesta en marcha de este decreto ley Wert, Barberà constata que la norma comporta una "pérdida de calidad" para el centro que tiene que esperar dos semanas para contar con un interino como sustituto del profesor titular.

Por ello, CiU pide "revisar con urgencia y conjuntamente con las comunidades autónomas" la aplicación de la citada norma "en lo que hace referencia a las medidas de nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares, con el fin de reducir el número de días lectivos que permite el nombramiento de personal interino y así garantizar una mayor normalidad en la actividad educativa, en beneficio de una educación de calidad".

Asimismo, insiste en que sean las administraciones con competencias en materia de educación, es decir, las comunidades autónomas, "las que dicten las normas de racionalización del gasto público que consideren más adecuadas al funcionamiento real de la actividad escolar".