Durante su intervención en unas jornadas organizadas por la Abogacía General del Estado, Martín señaló que no debe haber entidad grande ni pequeña que deba librarse de su quiebra.

"Todas las entidades deben tener el riesgo de quebrar, lo importante es que las entidades quiebren sin contagiar a las demás y sin tener ningún coste al sector", afirmó Martín.

A pesar de ello, el presidente de la patronal bancaria dijo que en España se están haciendo las cosas relativamente bien, gracias a la actuación de la supervisión dictada por el Banco de España.

Por ello, añadió que el supervisor debe anticiparse y tener los instrumentos precisos para evitar que una entidad llegue a la quiebra, pero mediante ayudas públicas como ha sucedido en otros países.

En este sentido, citó el caso de "algún banco estadounidense" que ya ha caído tres veces "y sigue resurgiendo como el ave Fénix".

El responsable de la AEB criticó las ayudas públicas aportadas por diversos gobiernos a sus respectivos sistemas bancarios. "No se puede ayudar en términos de capital sin generar problemas de competencia", aseveró.

En este sentido, se felicitó de que Bruselas esté imponiendo ya "fuertes" programas de reestructuración de las entidades financieras que recibieron apoyo público.

OBRA SOCIAL

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, reclamó a las comunidades autónomas que homogeneicen el baremo utilizado para repartir los fondos dedicados a obra social de las entidades.

En este sentido, Quintás advirtió sobre la "grave distorsión" que provoca el hecho de que cada comunidad aplique el método que prefiera para el cálculo del porcentaje de obra social que le corresponde.

"Unos cogen el porcentaje de oficinas que hay en la comunidad sobre el total de la entidad, otras el volumen de depósitos que se captan en esa región, pero el problema es que la suma de los porcentajes no da cien", afirmó.

Por esta razón, reclamó a los gobiernos autonómicos que "se pongan de acuerdo" sobre la base que se utilizará para regular la obra social en cada territorio. "Eso nos facilitaría la vida", aseguró.

Por otro lado, señaló que las cajas de ahorros tienen en España un regulador adicional, que son las autonomías, que tienen "muy amplios poderes regulatorios sobre las entidades".

No obstante, Quintás hizo hincapié en la necesidad de que el Estado mantenga la competencia sobre la supervisión en materia de solvencia y estabilidad del sistema financiero.