Por ello, el Cermi propone que hay que incorporar, dentro del enunciado de derechos y principios de la ley, el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación, a la inclusión social y a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Asimismo, apunta que la discapacidad organizada sostiene, “de modo enérgico”, que la prestación de servicios sociales y de promoción e inclusión sociales “deben seguir siendo también competencia de las entidades locales”, al mismo tiempo que opina que hay cambiar también los servicios obligatorios o mínimos que deben prestar los municipios en función de su población.

En materia de accesibilidad, expone que a las administraciones locales les corresponde la aprobación de ordenanzas de accesibilidad, en desarrollo, de las leyes de accesibilidad de las comunidades autónomas y de las referidas condiciones básicas de accesibilidad que se aprueben en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau).

Así, plantea que los acuerdos por los que se aprueben los planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanística, así como cualquier expediente administrativo de autorización, serán nulos cuando incumplan dichas normas.

También mantiene que en todas las actividades de información y publicidad de las entidades locales se deben tener en cuenta las necesidades de los distintos tipos de discapacidad, garantizando su accesibilidad y la prestación de servicios inclusivos.

Por otra parte, en relación a la contratación pública, propone que las entidades locales únicamente contratarán bienes y servicios que cumplan las normas y requerimientos técnicos en materia de accesibilidad universal y diseño para todos.

También plantea que incluirán en los pliegos de licitaciones, cláusulas de carácter social que favorezcan el empleo de personas con discapacidad o en situación de exclusión social, y la exigencia de que las empresas obligadas acrediten que cuentan con un 2% de trabajadores con discapacidad o han adoptado las medidas alternativas correspondientes.

Además, el Cermi destaca como uno de los "grandes" retos de futuro, la creación de "más amplios" procedimientos de consulta y participación de la sociedad civil en las tomas de decisiones políticas.