Una vez examinado el texto del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, el Cermi considera "un grave error privar a los ayuntamientos de competencias en materias sociales y de inclusión, y transferirlas sin más a las comunidades autónomas, que serían las únicas que en el futuro tendrán atribuciones en este ámbito".

A juicio del Cermi, según indica en una nota, el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local presentado por el Gobierno "se equivoca de modo notable en este punto, ya que los mejores modelos de políticas sociales y de inclusión son precisamente aquellos en que estas competencias están en manos de las corporaciones locales, más cercanas a la ciudadanía, dado que si lo social se caracteriza por algo es por la proximidad y la atención directas".

"Arrebatar a los ayuntamientos y demás entidades locales de competencias sociales a favor de las comunidades autónomas, como hace la iniciativa legal del Gobierno, no responde a cuestiones de modelo, de elegir el mejor sistema pensando en satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sino a un factor del momento, como es la situación económica y presupuestaria de las corporaciones locales", añade.

El Cermi ha planteado al Ejecutivo que las entidades locales no solo no pierdan competencias en materia social, sino que se aproveche la reforma legal para reforzar esta atribución, en detrimento de las comunidades autónomas, para lo cual hay que garantizarles una financiación adecuada.

El comité considera que "la experiencia demuestra, tras más de 30 años de competencias sociales en manos de las autonomías, que este no es el mejor modelo de gestionar los derechos sociales, que en España están en niveles que no se corresponden a la capacidad económica del país, lo que en gran parte es responsabilidad del privilegiar el sistema autonómico en perjuicio del local".

En una carta al presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, el Cermi solicita que la máxima representación del mundo local "se oponga a estos propósitos gubernamentales y dada su gran capacidad de influencia y presión, reclame el mantenimiento de las competencias sociales en sede local, con las garantías de financiación adecuadas".