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El juez Ruz asume la investigación sobre ‘los papeles de Bárcenas”

- El magistrado apunta a una presunta financiación ilegal del PP de Galicia

MADRID
SERVIMEDIA

El instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha decidido finalmente asumir la investigación sobre la presunta contabilidad B del PP al concluir que existen varias conexiones entre los pagos realizados por la trama liderada por Francisco Correa y las entregas de dinero recogidas en los conocidos como “los papeles de Bárcenas”.

El magistrado ha rectificado su decisión inicial, en la que dijo no ver "vinculos", y ha decidido abrir una pieza separada del ‘caso Gürtel’ para investigar de forma autónoma los posibles pagos en negro en el seno del PP. Esta decisión provoca que la Fiscalía Anticorrupción deba terminar de inmediato la investigación que había abierto para esclarecer la veracidad de la documentación atribuida al antiguo tesorero de los populares Luis Bárcenas.

Ruz destaca en el auto dictado hoy hasta tres conexiones entre el sumario del ‘caso Gürtel’ y los papeles publicados por el diario ‘El País’, unos vínculos que se recogen en el informe realizado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y que fue entregado en la tarde de este miércoles al juez de la Audiencia Nacional.

Estas conexiones son el propio extesorero, el constructor Alfonso García Pozuelo y el presunto ‘número dos’ del ‘caso Gürtel’, el ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo. En este último apartado, el juez apunta a una presunta financiación del PP gallego en las elecciones municipales de 1997 y las autonómicas de 1999.

FINANCIACIÓN ILEGAL EN GALICIA

El auto dictado hoy destaca varias coincidencias entre las entradas de dinero en el PP reflejadas en los papeles publicados por ‘El País’ y los pagos registrados en la documentación contable de Crespo, que fue intervenida en febrero de 2009 en una caja de seguridad que la ‘mano derecha’ de Correa tenía en una sucursal del Banco Santander en Pontevedra. El juez destaca que en este registro “se intervinieron un conjunto de documentos correspondiente a los gastos realizados por el PP de Galicia en el periodo abril de 1996 a septiembre de 1999”.

La UDEF asegura que del análisis de la documentación de Crespo se desprende “la existencia de un doble sistema de financiación de los actos de la formación política durante la campaña municipal y autonómica celebrada en 1997 y en 1999”.

Entre esta documentación aparece un apunte de fecha de 5 de mayo de 1999 por importe de 21 millones de pesetas en el que consta como acreedor “sede nacional” y como concepto “pago deudas pendientes”. El juez Ruz destaca que en los ‘papeles de Bárcenas’ se refleja una entrada de fondos en mayo de 1999 bajo el concepto “P. Crespo” por valor de 21 millones de pesetas”.

El auto también destaca en este sentido que en la contabilidad B de la trama de Correa, intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo, contable de la organización, existe un apartado titulado “Pte.PP Galicia” y otro documento titulado “Extracto PP Galicia”, en los que aparecen gastos desde junio de 1999 a julio de 2001.

PAGO DE CONSTRUCTORES

La segunda coincidencia se concreta en los pagos realizados por el dueño de la empresa Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, imputado en el ‘caso Gürtel’. Tanto en los documentos contables intervenidos a la trama de Correa como en los ‘papeles de Bárcenas’ aparecen pagos de ese constructor que coinciden en la fecha y en el importe.

De esta forma, en la documentación publicada por ‘El País’ aparecen varias entradas de dinero correspondientes a los meses de enero, julio y noviembre del año 2000 atribuidas a García Pozuelo por un total de 12 millones de pesetas. La UDEF considera que estas aportaciones “son compatibles con los ingresos anotados en la contabilidad B de Correa correspondientes a las elecciones gallegas”.

En la documentación de Izquierdo, además, aparecen varias cantidades pagadas por García Pozuelo cuyo origen serían “adjudicaciones de contratos públicos” a la sociedad del imputado. Correa recaudaba estos fondos y posteriormente los “distribuía entre los participes en las operaciones”. Entre febrero de 2002 y julio de 2004 “figuran nueve entregas realizadas por García Pozuelo”. Entre estas operaciones, figura una entrega de 27 de noviembre de 2003 por valor de 600.000 euros, un dinero que Correa distribuyó y del que García Pozuelo recibió 60.000 euros. La resolución destaca que en ‘los papeles de Bárcenas’ aparece una entrega de 60.000 euros realizada por García Pozuelo en diciembre de 2003.

DECLARACIÓN DE BÁRCENAS

El magistrado subraya por último que las conexiones entre los documentos publicados por ‘El País’ y el sumario del ‘caso Gürtel’ han sido apuntaladas por el propio Bárcenas.

Ruz señala que el extesorero, en la declaración como imputado que prestó el pasado 25 de febrero, reconoció que acudió a un notario el pasado 14 de diciembre para dar cuenta de las donaciones que habían recibido los populares y de los “perceptores finales” de estos fondos.

El magistrado, de hecho, ha dictado un auto separado para reclamar al notario, Andrés Domínguez Nafria, para que le entregue el acta de declaración de Bárcenas.

El extesorero popular también aprovechó su declaración para aportar un documento en el que se refleja que el PP recibió un total de 33 millones de euros en concepto de donativos entre los años 1999 y 2007, 23 millones de ellos de forma anónima. El documento llevaba el logotipo del PP y señalaba que la fuente de los datos era el Tribunal de Cuentas.

PIEZA SEPARADA

Ruz defiende la decisión de investigar los ‘papeles de Bárcenas’ en una pieza separada en el hecho de que la instrucción del ‘caso Gürtel’ “se encuentra en una fase avanzada” mientras que las pesquisas sobre la supuesta contabilidad B del PP se encuentran en “un estado incipiente. ”El objetivo de esta medida es evitar “retrasos injustificados e inútiles en su tramitación”.

A pesar de todos los datos acumulados en el auto, el magistrado asegura que resulta prematura “tanto la determinación de la relevancia jurídico penal e indiciaria calificación que pudieran merecer los hechos, como la dirección del procedimiento contra persona alguna por su presunta participación en los mismos”.

(SERVIMEDIA)
07 Mar 2013
DCD