Esta afluencia masiva de peticiones se produce después de que el Gobierno estableciera un plazo, del 10 de junio al 10 de diciembre próximo, para que los extranjeros que viven ilegalmente en España regularicen su situación.

De esas 30.000 solicitudes recibidas, el Gobierno ya ha concedido automáticamente 7.000 permisos de residencia y a los restantes 23.000 peticionarios les h sido pedida información supletoria sobre su situación laboral y social en España.

En opinión de Pablo Ibáñez, que intervino en un seminario sobre inmigración dentro de los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid, sólo 17.000 de esas 23.000 peticiones verán concedido el permiso y el resto, unas 6.000, serán rechazadas.

"No obstante", comentó el director de los programas de asilo y refugio del Ministerio del Interior, "no se dictará una orden de expulsión inmediata contra esas persons".

Pablo Ibáñez comentó al respecto que el Ministerio repartirá entre estos extranjeros declarados oficialmente ilegales un documento que les permita residir en España hasta que el Gobierno decida expulsarlos, si no logran a corto plazo permiso de trabajo.

DENUNCIAS MÁS DETELLADAS

El director de programas de asilo y refugio del Ministerio de Interior intervino hoy en una mesa redonda bajo el título "¿Hacia qué política de emigración?" dentro del curso "Los trabajadores inmigrantes en España". En esa mesa redonda, Antonio Martínez, de la Delegación diocesana de inmigración, reveló que las organizaciónes no gubernamentales (ONG) han presentado a la comisión interministerial sobre inmigración una propuesta de denuncia administrativa más detallada del trabajo ilegal.

La iniciativa de las ONG consiste en que el extranjero en situación ilegal acuda voluntariamente a presentar denuncia ante la Inspección de Trabajo y que ésta sea detallada en cuanto a horarios abusivos y condiciones de trabaj penosas, para poder actuar contra el empresario infractor.