Según el tipo de discapacidad, el grupo mayoritario (cerca del 45% del total) es el de personas con discapacidades físicas (ya sean motóricas u orgánicas). Aproximadamente un 25% de estas 2.323 personas tiene discapacidad intelectual y una proporción similar alguna enfermedad mental.

En España existen unos cuatro millones de personas con discapacidad, por lo que las 2.323 que se encuentran en prisión suponen tan sólo un 0,058 por ciento del colectivo.

Por lo general, estas personas proceden de una situación de vulnerabilidad, ya que en muchas ocasiones padecen precarias condiciones económicas, laborales, familiares y sociales. En más del 90% de los casos el nivel de estudios es igual o inferior a Educación Primaria. Además, el 77% de los entrevistados ha consumido de forma abusiva una o varias sustancias tóxicas.

Aproximadamente dos tercios de los internos con discapacidad no tenían una situación laboral estable y más de un tercio se encontraban en situación de inactividad. El 70% reciben algún tipo de prestación económica, en su mayor parte una pensión no contributiva, de un importe mensual de entre 330 y 350 euros.

DESATENCIÓN SOCIAL

El informe revela que la población penitenciaria con discapacidad ha tenido serias dificultades para acceder a servicios sociales, ya sean básicos o especializados. Casi el 80% de las personas entrevistadas nunca asistieron a un recurso especializado generalizado de orientación o atención a personas con discapacidad. En general, las personas con enfermedad mental han sufrido, en mayor o menor medida, desatención por parte de los recursos sociales y sanitarios de Atención Primaria.

Una de las principales conclusiones que el Cermi ha extraído de este informe es la constatación de que "existe un grupo de instrumentos legales capaces de facilitar a esta población un tratamiento adecuado que haga compatible el cumplimiento de las condenas o medidas de seguridad con una atención adecuada a sus necesidades".

"El hecho de que una persona con discapacidad cumpla una condena o una medida de seguridad privativa de libertad, no anula el resto de sus derechos como ciudadano", indica el Cermi. "Por tanto, ya sea durante la reclusión como al final de la misma, su situación penal no puede identificarse como factor negativo a tener en cuenta para la provisión de determinados servicios y recursos de apoyo disponibles en la comunidad".

El estudio concluye con una serie de recomendaciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad que cumplen condena. Entre estas medidas está potenciar recursos y servicios que permitan el cumplimiento de condenas con medidas alternativas a la entrada en prisión, previstas en la ley.

Asimismo, sugiere crear sistemas específicos de protección y promoción para las personas con discapacidad que cumplen condena en prisión, garantizar la accesibilidad de los establecimientos penitenciarios de régimen abierto, facilitar los mecanismos de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios penitenciarios con los sistemas comunitarios, reducir ineficiencias en la provisión de recursos comunitarios o incrementar la colaboración de los recursos dependientes de las ONG, entre otras medidas.

El estudio ha contado con la colaboración de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Para su elaboración se han realizado entrevistas, grupos de discusión y cuestionarios dirigidos a personas con discapacidad encarceladas, así como a profesionales del medio penitenciario. El estudio íntegro será publicado en formato libro en la colección cermi.es.