Según el Cermi Madrid, pese a que muchos son viables, el esfuerzo inversor de la Comunidad hacia estos centros, "cruciales para la inserción laboral de las personas con discapacidad", es, año tras año, "notablemente menor". "Si los CEE no fuesen viables, ya habrían cerrado ante la pasividad y la falta de compromiso a nivel económico y social por parte de la Comunidad".

Por ello, reclama que "no se engañe a la opinión pública con falsos anuncios y que se tomen todas las medidas oportunas para evitar que las más de 9.000 personas que dependen de los CEE madrileños puedan ser víctimas de la destrucción de empleo o de ajustes sociales y económicos importantes como consecuencia de las políticas de austeridad".

Desde 2011, continúa, el presupuesto público de las políticas activas de empleo, dentro del que se encuentran las ayudas al fomento del empleo protegido en los CEE, "se ha reducido un 70% en la Comunidad de Madrid, al pasar de 200 millones de euros en 2011 a los 60 del presente año". Y, además, las partidas llegan con “importantes retrasos”, aunque, agrega, "la Comunidad manifieste lo contrario para intentar acallar las críticas", ya que asegura que ya ha invertido "el 95%" de los 34 millones de euros presupuestados en 2012 para apoyar estas instalaciones.

En este sentido, el Cermi madrileño muestra su "preocupación" por la política continuada de persecución a estos centros por parte del gobierno regional, "no solamente en lo referente a la concesión de subvenciones, sino también debido al hecho de que la Subdirección General de Integración Laboral se posiciona radicalmente en contra de la posibilidad de que estos centros puedan reorientar sus posibilidades de negocio".

Por otra parte, el Cermi Madrid incide en que la Administración regional utiliza "como excusa" el hecho de que la normativa recoge que estos centros deben ser "viables con independencia de las ayudas oficiales". Y, en este sentido, el Comité manifiesta "precisamente que lo son", pero que esta premisa "no debe servir a la Administración para desentenderse de cualquier apoyo a estos centros, no sólo a nivel económico sino a todos los niveles que indica la ley".

Asimismo, recuerda que en los contextos de recesión o en aquellos "desfavorables" para las personas con discapacidad, el Gobierno regional debería poner “especial énfasis” en salvaguardar el empleo, sobre todo, en colectivos como el de la discapacidad, en el que las tasas de desempleo, así como la precariedad laboral, son más altas que en el resto de trabajadores.