Anunció que enviará una misiva al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para instarle a aclarar si su departamento ha promovido de alguna manera la decisión tomada por la treintena de criminales de regularizar su situación legal en España a través del Consulado en Bayona una vez que sus crímenes han prescrito.

Covite recordó que todos y cada uno de esos 30 miembros de ETA "son responsables por su participación en el plan común de persecución sistemática de la banda contra miles de seres humanos, muchos de ellos expulsados de la comunidad vasca, así como en la comisión de asesinatos selectivos de lesa humanidad perpetrados contra un grupo de población civil".

Por eso, advirtió "del peligro que conlleva restar importancia al perfil de los terroristas que se han registrado en Bayona enfatizando que son meros colaboradores de ETA" y afirmó que "tal planteamiento sólo maquilla la realidad, pues se trata de coautores e instigadores directos de esa persecución contra un grupo de población civil".

"Que esas personas no tengan causas pendientes únicamente evidencia que sus delitos han quedado impunes; en parte por los errores cometidos durante décadas por el Estado de derecho en las investigaciones de los casos sin resolver, cifrados en más de 300", lamentó.

Covite reclamó que los familiares de los damnificados por ETA cuyos casos no han sido resueltos "tienen derecho a conocer lo que sucedió, independientemente del tiempo transcurrido desde el atentado" y recalcó que "el Estado tiene la obligación de investigar todos los casos de asesinato, pues el derecho a la verdad no prescribe".