En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Becerril indicó que este documento contendrá una serie de medidas para hacer frente al problema de aquellas personas que pierden su vivienda por “circunstancias sobrevenidas a causa de la crisis”.

Según Becerril, se estima que en España existen unas 20.000 viviendas vacías en manos de los bancos, cuya salida al mercado “podría beneficiar a las propias entidades, a los promotores inmobiliarios y a sus dueños”.

“No existe un registro público a nivel nacional, pues para empezar, cada comunidad autónoma las contabiliza de una manera”, señaló Becerril, pero “a partir de los datos de las autonomías y de los grandes ayuntamientos creemos que pueden ser unas 20.000”.

Ahora bien, prosiguió, los precios deberían ajustarse a la realidad de las familias que no pueden hacer frente a los pagos de una hipoteca o del alquiler por “razones suficientemente graves”, que “en general se deben a un empeoramiento de su situación económica” en comparación con años anteriores, cuando adquirieron la deuda.

“Son los llamados deudores de buena fe”, y “las entidades bancarias, sobre todo las nacionalizadas y que han recibido dinero público, deben hacer el esfuerzo de ir uno por uno” e identificarlos, afirmó Becerril.

En su opinión, a estos deudores se les debería permitir la posibilidad de prolongar el tiempo de su hipoteca, de reducir las cuotas mensuales y, en general, “de buscar soluciones junto a los bancos para no perder su casa”, como el alquiler social.

Becerril se mostró finalmente a favor de que el Congreso estudie la dación en pago, que por un lado tiene una parte “positiva”, que es la cancelación de la deuda, pero “por otro tiene una parte muy negativa”, ya que al entregar su casa “las familias se quedan sin un sitio a donde ir”.

“De todos los bienes materiales la vivienda es el más importante, pues si pierdes tu casa, ¿a dónde vas?”, inquirió Becerril para justificar la necesidad de intervenir en este terreno.