Esta institución señala en un comunicado que el decreto de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, en el que se suspendió la compensación a los pensionistas por la desviación del IPC, implica una pérdida de capacidad adquisitiva que, además de su efecto inmediato, conllevará una pérdida acumulada si no se corrige en el momento en que ello resulte económicamente viable.

En concreto, al no revalorizarse las pensiones a finales de 2012, los pensionistas sufrieron un deterioro de 1,9 puntos, ya que las pensiones subieron solo un 1% el pasado año mientras la inflación alcanzaba el 2,9%.

La petición, realizada a través de una recomendación dirigida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y comunicada también a las Cortes Generales, busca además que ello se haga con el máximo acuerdo posible y en el marco del Pacto de Toledo.

Por ello, y aunque el Defensor del Pueblo ha decidido no recurrir dicha norma ante el Tribunal Constitucional, sí ha efectuado esta recomendación, al considerar que el consenso político y social articulado a través del Pacto de Toledo debe ser preservado.