Así lo expuso en el marco de la clausura de la jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma’, organizada por el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.

En este sentido, puso de manifiesto esta demanda social del Cermi, por lo que, señaló, "lo que hay que hacer ahora es tener una solución preparada con rigor, que cuente con un suficiente consenso social, que se explique a los operadores jurídicos y políticos para que, cuando llegue el momento oportuno, busquemos fórmulas adecuadas”.

Ante esta posible reforma de la Constitución sobre los derechos de las personas con discapacidad, Rafael de Lorenzo hizo referencia a la posible modificación de los artículos 14 y 49, que hablan del principio de igualdad y de no discriminación; y de la encomienda a los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración en favor de las personas con discapacidad, prestando una especial atención especializada y amparando el disfrute de sus derechos, respectivamente.

En relación al artículo 14, planteó incluir la variable de discapacidad como razón de no discriminación; y en cuanto al 49, propuso, por una parte, una disposición que se centre en reiterar y reformular un principio de protección de las personas con discapacidad, pero desde la perspectiva de los derechos humanos; y, por otra parte, otra que formule y concrete la acción pública, que ofrezca una respuesta "prestacional".

En este sentido, y de cara al futuro, propuso que habría que actuar desde el pragmatismo, con más garantías, con más cultura de solidaridad, y con un mayor grado de cumplimiento de las normas existentes.

"Sin normas no hay prestaciones ni seguridad jurídica", apuntó. Según concluyó, "es necesaria la presión para que las normas se cumplan y, ante las insuficiencias, hay que promover su modificación".