En concreto, el informe señala que algunos casos de demora son "especialmente significativos" y por eso la oficina de Soledad Becerril ha considerado oportuno recordar a las autonomías afectadas que deben cumplir los plazos fijados en la legislación sobre este aspecto.

Así, ha dirigido ocho recordatorios a la Consejería de Justicia y Bienestar Social de la Comunitat Valenciana; seis a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y uno a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, "al comprobar demoras de varios años desde que se inició el procedimiento e incluso desde que se reconoció la situación de dependencia para la resolución sobre el programa individual de atención".

La Oficina del Defensor del Pueblo considera "muy numerosas" las quejas relacionadas con la aplicación de la Ley de Dependencia recibidas en 2012, bien por demoras en la atención de los beneficiarios, bien por desacuerdos con el régimen de cobertura por la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar, "sustancialmente modificado" por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

Hasta la reforma introducida por este decreto, la institución que dirige Becerril había recibido un total de 118 quejas individuales y se encontraban en trámite otras 121 de años anteriores. De todas ellas, sostiene el texto, "un alto porcentaje" se admitió a trámite, ya que acreditaban situaciones de "demora objetiva".

En ellas se planteaban fundamentalmente problemas de retrasos en la valoración y reconocimiento del grado de dependencia, así como en la determinación y asignación de las prestaciones o servicios a través del correspondiente Programa Individual de Atención (PIA).

En el segundo semestre del año, justo después de la aprobación del mencionado decreto, que marcó "una nueva tendencia en las quejas", llegaron al Defensor del Pueblo un total de 402 solicitudes de inconstitucionalidad de la norma.

En sus escritos, los ciudadanos consideran que dicho real decreto-ley "cercena diversos derechos y, en particular, que lo previsto en el artículo 22 del mismo, minora, restringe sustancialmente e incluso suprime prestaciones y derechos reconocidos en la Ley de Dependencia".

RIESGO DE MÁS DESIGUALDADES

Por otra parte, la Memoria Anual 2012 advierte en su apartado relativo a la Dependencia de que "pueden estar incrementándose las desigualdades" en la participación de los usuarios en el coste de las prestaciones.

Al no existir norma de referencia en materia de participación de los ciudadanos en el coste de las prestaciones, cada comunidad había adoptado sus propias normas siguiendo criterios "desiguales", recuerda el texto de la oficina de Becerril.

Para evitar dichas desigualdades, prosigue, un acuerdo del Consejo Territorial de Dependencia proponía unos criterios comunes "que no parecen haber sido asumidos plenamente por todas las comunidades autónomas".

"Es más, por las últimas quejas recibidas, se aprecia que algunas de las nuevas normas para el cálculo de la capacidad económica, aprobadas tras la reforma, se apartan de los referidos criterios y pueden estar incrementándose las desigualdades", concluye en este punto la memoria, que señala que se han iniciado actuaciones para profundizar en esta situación.