En la exposición de motivos de estas medidas, que entran en vigor este domingo, el Ejecutivo explica que se enmarcan en el objetivo de “conseguir un alto grado de flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios relativos, de forma que se consiga aumentar la competitividad de la economía”.

Asimismo, señala que esta “segunda generación de reformas estructurales son necesarias para volver a crecer y crear empleo”.

Las medidas publicadas este sábado se orientan básicamente a las pymes y los autónomos. Según el Gobierno, “los estudios demuestran que precisamente este tipo de empresas y emprendedores constituyen uno de los principales motores para dinamizar la economía española, dada su capacidad de generar empleo y su potencial de creación de valor”.

“No obstante, durante los últimos años, estos agentes económicos han registrado un descenso de la actividad económica y han tenido que desarrollar su actividad en un entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que ha mermado su capacidad de adaptación a los cambios”, añade.

Además, apunta que pymes y autónomos se vienen enfrentando a una dependencia estructural de la financiación de origen bancario que puede limitar, en circunstancias como las actuales, su capacidad de expansión.

Entre las medidas aprobadas, destacan las acciones de choque de la estrategia de emprendimiento y empleo joven, la puesta a disposición de pymes y autónomos de 45.000 millones de euros de financiación o una nueva fase del Plan de Pago a Proveedores.

También hay medidas destinadas a hacer más competitivo el mercado de los hidrocarburos, facilitando la apertura de gasolineras en centros comerciales, o a iniciar la liberalización del sector ferroviario, abriendo a la iniciativa privada la gestión de los trenes turísticos.