Así se expresó Lezcano en una rueda de prensa de repaso al segundo día del X Congreso Confederal de CCOO, en el que reivindicó también “que la actividad pública del sindicato sea financiada con recursos públicos”.

A este respecto, explicó que los servicios que el sindicato ofrece financiados por las administraciones públicas tienen que ser por definición gratuitos.

Sin embargo, en el caso de los servicios por propia actividad sindical, como son la negociación colectiva o de los ERE, no pueden ser gratuitos.

Por ello, defendió que “el que paga (el afiliado al sindicato) debe tener un tratamiento diferenciado”, y en el caso de los no afiliados señaló que pueden hacer uso de los servicios a un coste menor del que supone acudir a un bufete de abogados. En esa línea, se refirió a la “necesaria transparencia en la gestión de nuestros recursos económicos, materiales y humanos”.

Por otro lado, advirtió de que “la crisis política e institucional que atravesamos está lastrando las posibilidades de enfrentar con éxito la crisis económica”.

Por ello, CCOO se suma a la demanda de una reforma de la Constitución que “permita salir al paso del agotamiento del entramado político e institucional que se constituyó en la transición para dar respuesta tanto al modelo de Estado como a la regeneración democrática”.