Debate nación. UPyD propone una ley electoral que no “distorsione” la voluntad ciudadana

MADRID
SERVIMEDIA

UPyD, en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, ha planteado una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que no “distorsione” la voluntad popular.

Según el partido que lidera Rosa Díez, “el sistema electoral ha de ser respetuoso con este principio esencial en democracia, sin distorsionar la voluntad libremente manifestada por el pueblo en las urnas. En esta materia, la democracia española no puede ni debe permitir resultados electorales desigualitarios e injustos”.

Por este motivo, UPyD quiere que el Congreso inste al Gobierno a incorporar una serie de cambios “con el fin de mejorar la proporcionalidad del sistema electoral, y por tanto la representatividad del Parlamento”.

Esta formación política sugiere “adoptar una circunscripción electoral mixta, combinando una circunscripción nacional única y otra provincial”. La circunscripción electoral para la provincia elegirá un mínimo de un diputado por cada circunscripción, mientras que otros escaños se distribuirán en proporción a la población oficial de cada circunscripción.

Los diputados restantes se elegirían en una circunscripción única de carácter nacional. UPyD añade que, hasta que el desarrollo de las herramientas informáticas permita la introducción sencilla de las listas abiertas, el procedimiento de elección de los diputados debería seguir el principio de “listas desbloqueadas”, de modo que el elector tenga la posibilidad de alterar el orden de los candidatos en la lista”.

Al mismo tiempo, en otra propuesta, el partido de Rosa Díez reclama establecer un procedimiento para el ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero “que no sea discriminatorio y que sirva para promover el ejercicio de este derecho fundamental por este colectivo que representó el 4,15 del censo electoral total en las Elecciones Generales de 2011.

Esta fuerza política hace esta sugerencia tras constatar que el procedimiento en vigor obliga al ciudadano español que reside en el extranjero “a asumir la carga del cumplimiento de una serie de trámites legales y administrativos que, por su complejidad y la excesiva brevedad de los plazos, se ha convertido en la práctica en un sistema de discriminación y exclusión”.

(SERVIMEDIA)
22 Feb 2013
NBC