El PSOE incluye esta idea en una de sus propuestas de resolución subsiguientes al Debate sobre el Estado de la Nación, que está dedicada íntegramente al problema de la corrupción política. La Unidad se crearía en el plazo de seis meses, tendría autonomía funcional y actuará de acuerdo con un plan anual con actuaciones programas, aleatorias y derivadas de una denuncia.

Como primera medida, la propuesta insta a crear una comisión independiente de entre cinco y diez personas de reconocimiento y prestigio social, que serían nombradas en un Pleno del Congreso del mes de marzo, para que en el plazo de tres meses elabore y remita a la cámara un diagnóstico sobre la corrupción en España con medidas concretas sobre cómo atajarla.

Pero, además, el PSOE propone otras, como aumentar las penas económicas y de cárcel para delitos como la prevaricación, el cohecho, la apropiación indebida, la malversación, el tráfico de influencias y los delitos urbanísticos cometidos por representantes públicos, y que todos ellos los juzgue la Audiencia Nacional "para mejorar la eficacia y homogeneidad de la respuesta punitiva".

Igualmente, los socialistas proponen una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que estos juicios sigan un procedeimiento preferente y sumario y otra de la Ley de Contratos del Sector Público prohibiendo contratar con las administraciones a todas las empresas condenadas por corrupción, revisando el fraccionamiento de los contratos y restringiendo los casos en que se pueden adjudicar sin publicidad.

Otra modificación sería la de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, prohibiendo que éstos reciban donaciones de empresas y otras personas jurídicas, limitando a tres meses el plazo de presentación de sus cuentas y dejando en la mitad el plazo del Tribunal de Cuentas para revisarlas.

Con él tendrían que colaborar obligatoriamente, mediante una reforma de la ley que lo regula, la Agencia Tributaria, el Instituto de la Seguridad Social. Además, el Gobierno tendría que remitir al Congreso en el actual periodo de sesiones un plan de dotación de medios al citado Tribunal para que pueda fiscalizar todas las cuentas que le competen en el ejercicio siguiente al año al que correspondan.

Por otra parte, la Ley de Transparencia que se está tramitando incluiría a la Casa del Rey, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos y todas las entidades cuyos ingresos provengan al menos en un 40% de financiación pública.

Finalmente, la propuesta del PSOE establece un modelo único de declaración de bienes patrimoniales y de actividades económicas a cumplimentar por los cargos públicos, y que las administraciones se vean obligadas a presentar un certificado que acrediten que están al corriente en sus deberes con la Agencia Tributaria y otros dos firmados por ésta última que constaten los datos fiscales de rendimiento del trabajo y la declaración anual del IRPF de dichas instituciones.