En concreto, los convergentes piden que “el Tribunal Superior de Cataluña sea, en su caso, la última instancia jurisdiccional” de todos los procesos iniciados en esta autonomía.

La coalición que lidera Artur Mas también reclama que se cree el Consejo de Justicia de Cataluña, que tendría funciones propias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de esta institución para toda España.

A este respecto, el desarrollo de la Administración de Justicia que preveía el Estatut de 2006 fue en su mayor parte revocado por el Constitucional en su sentencia de 2010. En concreto, el Alto Tribunal rechazó que el Consejo de Justicia de Cataluña fuera el responsable de los jueces de esta comunidad.

El Constitucional recordó que el artículo 122 de la Carta Magna establece que el CGPJ es el "órgano de gobierno" del Poder Judicial en España y, entre sus competencias, están los nombramientos de los presidentes de tribunales superiores de justicia, potestad que el Estatut transfería al Consejo de Justicia autonómico.

Al mismo tiempo, CiU también reclama, en esta propuesta del Debate de la Nación, el traspaso a la Generalitat de determinados cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, como los administrativos, médicos forenses y secretarios judiciales.

Por otra parte, esta formación nacionalista también pide “corregir” las tasas judiciales, porque “pueden llegar a vetar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia y traspasar los recursos, que por tal concepto se generen, a las Administraciones responsables de la prestación del servicio”.