“Les proponemos un Pacto de Legislatura en el que todos nos comprometamos a aprobar por la vía de urgencia las reformas legales que hemos señalado, incluida la Ley Electoral, para abrir a continuación un periodo constituyente que ponga a nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo de los ciudadanos”, dijo durante su intervención Rosa Díez.

A su juicio, “insistir en fórmulas inmovilistas o fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a esta crisis no hará otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política e incrementar la frustración, la indignación y la desesperanza, poniendo en peligro al propio sistema democrático”.

Rosa Díez defendió una reforma “que defina un modelo territorial que garantice la unidad e incluya la diversidad. Sólo así, garantizada la unidad, la diversidad se convertirá en un valor añadido para el progreso de nuestras libertades democráticas”.

“Las leyes no son divinas, y revisarlas a la luz de sus consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo que merezca ese calificativo”, dijo la líder de UPyD y dijo que si el PP y el PSOE fueron capaces de reformar la Constitución “en cuarenta y ocho horas” para garantizar el pago de la deuda, también pueden modificarla “para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos básicos de los ciudadanos que el texto proclama”

A su juicio, “regenerar la democracia exige aprobar una Ley Electoral justa y proporcional, que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos”. En esta línea, añadió que PP, y también PSOE, “confunden alternancia con alternativa y pluralismo político con bipartidismo”.

“Sólo si resolvemos la crisis política podremos enfrentarnos con éxito a las otras crisis, desde el paro dramático hasta la deuda o la recesión de nuestra economía. Por eso quiero insistir en que el verdadero problema, el que lastra nuestra capacidad de recuperación, es un modelo de estado elefantiásico, inconexo, injusto, improductivo, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que, precisamente por eso, hemos de cambiar”, añadió.

UN PAÍS MÁS POBRE Y MÁS CORRUPTO

Rosa Díez dijo en su intervención que la situación en España es “desoladora”, pues “es un país cada vez más pobre, cada vez más desigual, cada vez más injusto, cada vez más corrupto”.

“Pero a esta situación no hemos llegado de forma inevitable; ni la mala situación en la que se encontraba nuestro país cuando ustedes llegaron al Gobierno, ni la política de ajustes impuesta por Europa explica este deterioro”, señaló Díez, para quien las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy “han agravado la crisis, han deteriorado la convivencia y han dilapidado la ya escasa confianza que existía entre los ciudadanos y las instituciones”.

Señaló que el primer año de Gobierno de Rajoy ha sido el del rescate de las cajas y de la banca nacionalizada o regalada a los bancos, el del “inmovilismo político y las reformas ausentes”, el de la recaudación con fraude fiscal, el de la insensibilidad social y el del “mantenimiento del despilfarro”.

También ha sido, añadió Díez, “el año del auge del nacionalismo separatista”, el del “secesionismo catalán subvencionado con rescate incondicional de la Generalitat, y la vuelta de Batasuna a las instituciones en un clima de absoluta impunidad y triunfo político de las tesis de ETA”.

A juicio de la portavoz parlamentaria de UPyD, el resultado de todas las políticas llevadas a cabo por el Gobierno es “inapelable”, pues “el Estado común es más débil ahora que antes de las elecciones de 2011”.

Capítulo aparte mereció para Rosa Díez la corrupción política. “Nuestra democracia ha degenerado. Urge devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños.

Para eso, hay que reconocer la verdad y no esconderse detrás de ellas”, dijo.

Entre las medidas que a su juicio deben tomarse para combatir la corrupción se encuentra una Ley de Transparencia que “regule los lobbys e incluya a la Casa Real, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales y a cualquier institución que se financie de ayudas públicas”.