Señaló que la Mesa de la Cámara autonómica, con mayoría del PP, acordó la no admisión a trámite de sus iniciativas bajo el argumento de no ser objeto de competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La diputada preguntó por las “medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar los derechos de las personas inmigrantes en el municipio de Robledo de Chavela” y para “obligar a su alcalde a cumplir con la legislación vigente en relación al empadronamiento de las personas inmigrantes en dicho municipio”,

A juicio de Toledano, “resulta una auténtica aberración que el Gobierno presidido por Ignacio González pretenda eludir un debate parlamentario justificando que no es de su competencia hablar de derechos de las personas inmigrantes, porque de ser así, el propio Ejecutivo y su presidente estarían vulnerando y violando claramente el principio constitucional que garantiza la igualdad de derechos de todas las personas, con independencia de su origen, raza, edad, sexo u otra condición”.

Asimismo, consideró que esta actitud “vulnera el mismo Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que señala como una de sus competencias la promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”.

“Resulta todavía mayor aberración que desde el oscurantismo y la falta de transparencia sea el propio Gobierno quien alegue que no es materia de su competencia, cuando en el Plan de Integración 2009-2012 se afirma textualmente que ‘condenar al inmigrante, en función de su origen étnico o religioso, a perpetuar un estado de falta de libertad o de ausencia de igualdad ante la ley es profundamente discriminatorio y elimina las posibilidades de integración’”.

Afirmó que la Abogacía del Estado señaló en su día que no empadronar a las personas inmigrantes es ilegal, por lo que exigió al Gobierno de Ignacio González que “obligue a cumplir la ley al alcalde de Robledo de Chavela” ya que “todo español o extranjero que viva en territorio español deberá estar empadronado en el municipio en el que resida habitualmente”.

“De no proceder de esta manera, se entenderá que el Gobierno es cómplice de un grave incumplimiento legislativo al permitir que el alcalde de uno de sus municipios, actuando con criterios claramente xenófobos y discriminatorios, se niegue a registrar en el padrón a personas inmigrantes, vulnerando la propia Ley de Extranjería y la obligación que la Ley de Bases de Régimen Local impone a los ayuntamientos de realizar las actuaciones necesarias para mantener actualizados los padrones y que los datos concuerden con la realidad del municipio”, concluyó.