En nota de prensa, esta coalición de la que forma parte Amnistía Internacional, advirtió de que “si se mantiene la redacción tal como está, la opacidad que ha presidido la vida pública española se perpetuará”.

Por ello, reclamaron que la obligación de transparencia se aplique a todas las instituciones públicas que funcionan con cargo al presupuesto, incluida la Casa del Rey.

También sugirió esta alianza limitar el silencio administrativo negativo, que en España afecta a más del 50% de las peticiones que se realizan ante la administración, y reclamó que el organismo encargado de supervisar la transparencia (previsto en la ley) funcione de forma independiente.

Según eltexto actual, dicho órgano se integraría en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con lo que actuaría, a juicio de las organizaciones, como “juez y parte a la hora de resolver un conflicto”.

Las ONG exigieron también que el acceso a la información se reconozca como un derecho fundamental y que se permita esta posibilidad de acceso a cualquier tipo de dato, sea cual sea su naturaleza y formato.