Gallardón se refirió a este asunto en el Tribunal Supremo, donde firmó con su presidente, Gonzalo Moliner, un acuerdo para dotar de más medios a esta institución con el fin de que dicte sentencias más rápido.

Preguntado por la polémica sobre los supuestos casos de espionaje en Cataluña, el ministro dijo que, de confirmarse lo que se está denunciando en prensa, “supone un descrédito importante para la clase política que utiliza medios que en modo alguno deben ser los adecuados para confrontar dialécticamente distintas ideas o soluciones de gobierno”.

El responsable de Justicia hizo esta consideración tras referirse a que debe tener el “más absoluto rechazo todo lo que sea la violación de la intimidad”, aunque dijo que hay que ser “muy prudentes” en el plano judicial y dejar que los tribunales aclaren lo sucedido.

En esta línea, sostuvo que debe investigarse “cualquier hecho que vulnera nuestras normas de convivencia”, que tienen su “máxima protección” en el Código Penal.

Sin embargo, remarcó que decidir “si la vulneración de una norma de convivencia incurre en una conducta tipificada en el Código Penal es algo que corresponde al Ministerio Fiscal”.

Por este motivo, afirmó que “la decisión sobre la trascendencia penal de esas conductas debe corresponder en primera instancia al Ministerio Fiscal y, en definitiva, al Poder Judicial”.