La investigación se dirige, además de contra Pagés y Abellas, contra los exdirectivos Manuel Troyano y Juan Caellas. La Fiscalía Anticorrupción les acusa a todos ellos de delitos continuados de apropiación indebida y de administración desleal.

Pedraz ha impuesto una fianza de 11.609.709 euros a Pagés, exdirector general de Caixa Penedés, y de 1.893.070 euros a Abellas. El objetivo de esta fianza es que los imputados puedan devolver el dinero obtenido de forma presuntamente fraudulenta con sus prejubilaciones. El magistrado no ha impuesto fianzas para los otros dos imputados ya que, debido a su edad, no llegaron a cobrar las prejubilaciones que se habían asignado.

Pedraz advierte en el auto dictado hoy a Pagés y Abellas de que si no consignan la fianza en un plazo de 24 horas desde la notificación de la resolución se decretará el embargo de sus bienes.

El magistrado ordena asimismo a las aseguradores contratadas que suspendan “cualquier pago a los querellados derivados de las pólizas consideradas fraudulentas”

DECLARACIÓN COMO IMPUTADOS

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como imputados a los cuatro exdirectivos. Pagés y Troyano deberán comparecer el próximo 5 de marzo mientas que Abellas y Caellas deberán hacerlos el día 7 de ese mes.

La querella de Anticorrupción que ha sido admitidas hoy a trámite asegura que Ricard Pagés, director general de entidad, se puso de acuerdo con Manuel Troyano, Santiago Abella y Juan Caellas, quienes formaban su círculo de colaboradores, para diseñar “una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad”.

“A partir del año 2001 y en ejercicios sucesivos los querellados se autoconcedieron derechos económicos no contemplados en sus contratos de trabajo con vistas al momento en que, por la causa que fuera, pudieran tener que abandonar sus puestos directivos”, señalaba el escrito de Anticorrupción antes de subrayar que todas estas operaciones se realizaron “a espaldas de los máximos órganos colegiados de la caja”.

Pero los planes de Pagés y sus colaboradores se vieron entorpecidos a partir del año 2009, cuando la crisis del sector financiero llevó al endurecimiento “del marco normativo y de control de las entidades crediticias, en particular en lo relativo a las remuneraciones de sus altos directivo”. Además, en el año 2010 y en el contexto de reestructuración del sector financiero español, Caixa Penedés se integró con otras cajas para formar el grupo BMN y recibió apoyo financiero público.

20 MILLONES DE EUROS

Ante el miedo de ser descubiertos, Pagés, Troyano, Abella y Caellas realizaron “toda una serie de actuaciones irregulares a fin de blindar sus derechos económicos, que acabaron percibiendo en perjuicio de la entidad al abandonar sus cargos en el año 2011”.

La Fiscalía calcula que, con estas prácticas, Pagés obtuvo 11,6 millones de euros y Abella 1,9 millones, mientras que Troyano y Caella no llegaron a percibir dinero alguno porque no alcanzaron los 60 años de edad. De haber completados sus planes, el Ministerio Público cree que los querellados habrían obtenido fraudulentamente cerca de 20 millones de euros.

Anticorrupción considera que los hechos son competencia de la Audiencia Nacional porque los hechos denunciados “afectan a los intereses generales” y tienen “repercusión en la economía nacional”. El escrito también subraya que Caixa Penedés ha recibido “cuantiosos fondos públicos”.

La resolución dictada hoy también sirve para que el juez de la Audiencia Nacional ordene al Banco de España la remisión de los informes de inspección que haya realizado sobre Caixa Penedés “en relación con las indemnizaciones o pensiones satisfechas a los querellados”.

Pedraz ofrece asimismo a la propia Caixa Penedés y al grupo Banco Mare Nostrum, donde se ha fusionado la entidad, la posibilidad de personarse en la causa como perjudicados.

CAUSAS CONTRA SEIS BANCOS

Con la apertura de esta investigación, son ya seis las causas que se siguen en la Audiencia Nacional contra exresponsables de bancos y cajas de ahorros.

Este órgano jurídico investiga ya por distintos delitos a los antiguos directivos de Bankia, CAM, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia y CCM.

El juez Eloy Velasco, además, planteó este jueves a la Fiscalía abrir una investigación contra los exresponsables de Banca Cívica en virtud de la denuncia presentada por UPyD contra 15 miembros del antiguo Consejo de Administración de la entidad. Se les acusa de haber cometido un fraude con la fusión y salida a bolsa del banco.

La causa ha llegado a la Audiencia Nacional después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona se inhibiera a favor de este órgano jurídico.