Así consta en la propuesta que presentará en el Debate sobre el estado de la Nación, la próxima semana, y que ya ha enviado al portavoz del PP, Alfonso Alonso, con la esperanza de llegar “al máximo acuerdo posible”.

Los socialistas quieren que el Congreso inste al Gobierno a acometer con carácter urgente las reformas normativas necesarias para modificar el régimen de presentación y publicación de las declaraciones de bienes y de actividades.

Esas declaraciones, dice el texto, serán publicadas, referirán los datos fiscales correspondientes al ejercicio anterior a su presentación, y se aportarán tanto al inicio como al final del mandato, actualizándose con periodicidad anual durante la duración del mismo, así como cuando varíen las circunstancias declaradas.

Proponen, en primer lugar, la obligación de que las instituciones o administraciones publiquen una serie de certificados, con el único límite de la Ley de Protección de Datos.

Esos certificados serían el acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; el de los datos fiscales correspondientes a los rendimientos del trabajo, tanto los sujetos y sometidos a gravamen de IRPF como los exentos de tributación; y el de declaración anual de IRPF, todos ellos expedidos por la Agencia Tributaria.

En cuanto a la declaración de bienes patrimoniales, proponen un modelo único que refleje los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, tanto de naturaleza urbana como rústica; los que sean propiedad de una sociedad, comunidad o entidad no cotizada en bolsa y sobre la que se poseen acciones o participaciones, de forma directa o indirecta, y los bienes o depósitos fuera del territorio nacional, siempre desglosados y cuantificando el valor.

En todos estos casos, dice el texto, se especificará la situación geográfica, su valor catastral, superficie, fecha de adquisicion, derecho sobre el bien y su título de adquisición, así como el porcentaje de participación, y en el caso de tratarse de bienes de propiedad de varios y de carácter proindiviso también se adjuntará el correspondiente cuaderno peticional.

Esa declaración deberá incluir, asimismo, los bienes y derechos afectos a actividades empresaiales y profesionales, con desglose y cuantificación del valor.

También depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, ya sean a la vista o a plazo, cuentas financieras u otra modalidad de imposiciones en cuenta, especificando la entidad de depósito y los saldos medios del ejercicio anterior y el saldo a la fecha.

Asimismo, títulos de deuda pública, obligaciones o bonos; valores representativos de la participación en fondos propios, o de la cesión a terceros de capitales propios, negociados o no en mercados organizados, todo ello identificándolo de manera separada con su valor en el ejercicio anterior y en la fecha de presentación.

Incluyen en este apartado los seguros de vida, rentas temporales y vitalicias y planes de pensiones, especificando la cantidad depositaria y su valoración a la presentación de la declaracion; y las deudas y obligaciones patrimoniales, identificando de manera separada el acreedor.

Para este bloque los socialistas proponen que se faciliten, para su comprobación y custodia, los certificados correspondientes emitidos por las diferentes entidades o empresas.

Además, en el caso de deudas y obligaciones patrimoniales, quieren que se especifique la fecha de concesión, el importe concedido, la cantidad total amortizada en el ejercicio anterior y el saldo pendiente a la fecha de la declaración.

En los bienes a declarar meten expresamente automóviles, embarcaciones, aeronaves, joyas, obras de arte, y en general cualquier bien mueble cuyo valor supere los 2.500 euros, especificando su situación geográfica, fecha y título de adquisición y, en su caso, país de matrícula o registro.

Piden, finalmente, declarar derechos de propiedad industrial e intelectural identificándolos de forma separada e indicando su valoración.

Cada administración o institución sería la encargada de identificar el órgano encargado de custodiar los certificados y declaraciones presentadas, así como de verificar la no exstencia de contradicciones o diferencias entre la declaración de actividades, la de bienes patrimoniales y los contenidos en la declaración anual de IRPF.

En cuanto a la declaración de intereses y actividades, proponen que un modelo único refleje los cargos de carácter institucional, el ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una administración pública; cargos en partidos políticos y grupos parlamentarios o sindicatos; cargos en cámaras o colegios profesionales; y representación de instituciones o administraciones en órganos colegiados directivos o consejos de administración de organismos o empresas.

También las actividades privadas desempeñadas tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, especificando, en su caso, si la actividad se desarrolla para empresas o sociedades concesionarias, contratistas arrendatarias, o con participación en el sector público; los ingresos con cargo al sector público, y cualquier otra actividad que proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.