Enrique Núñez, portavoz del Ayuntamiento, informó en rueda de prensa de que el papel de la Alcaldía será la de facilitar a las entidades de crédito que así lo requieran los informes de los Servicios Sociales de Atención Primaria de la familias solicitantes de estas viviendas.

El Gobierno municipal se compromete además, a prestar asesoramiento, a través de los Servicios Sociales y de la EMVS, a todos los madrileños que soliciten información sobre el proceso de solicitud, y a dar difusión al Fondo Social de Viviendas, indicó Núñez.

El Fondo, impulsado por el Gobierno de España y constituido el pasado 17 de enero, consta de 5.891 viviendas distribuidas por todo el país y aportadas por 33 entidades bancarias.

Según explicó el portavoz, la duración del contrato de arrendamiento será de 2 años, con posibilidad de prórroga por un año más, salvo cambios en las condiciones de acceso; la renta de arrendamiento estará comprendida entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos totales de la unidad familiar.

"Los gastos del inmueble, agregó Núñez, corren a cargo de las entidades de crédito, excepto los suministros". Las familias beneficiarias del FSV deben cumplir una serie de requisitos: que el desalojo se haya producido a partir del 1 de enero de 2008; que ninguno de los miembros de la familia disponga de vivienda en propiedad; que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad (familia numerosa, monoparental, que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, enfermedad grave o alguna víctima de violencia de género).