Álvarez de Miranda comparció esta mañana ante la Comisión Constitucional el Congreso donde están compareciendo expertos para valorar el poyecto de Ley de Transparencia que, de partida, consideró una iniciativa "muy positiva".

A su entender, esta norma vendrá a cerrar una de las "carencias más significativas" del ordenamiento jurídico español y pemitirá la "configuración de unos poderes públicos modernos".

En cuanto a su propuesta para fiscalizar a sindicatos, partidos y organizaciones subvencionadas con dinero público, puntualizó que lo más correcto sería incluir esos mecanismos de control y transparencia en las leyes que los regulan específicamente, en vez de incluirlas en una Ley de Transparencia general.

"Debería considerarse la oportunidad de incrementar el nivel de transparencia de su gestión", dijo en referencia a todas estas organizaciones.

Sin embargo, expresó "graves dudas" sobre la posibilidad de aplicar la nueva norma que regula el sector público a entidades privadas, razón por la que consideró "más razonable" que la transparencia se contemple en las leyes específicas que las regulan para obligarles, por ejemplo, a dar más información en sus páginas web.

Lo que no ve viable el presidente del Tribunal de Cuentas es incluir el control de la Monarquía en la Ley de Transparencia puesto que la Constitución establece que el Rey dispone "libremente" de la asignación presupuestaria que le otorga el Estado y que la Jefatura del Estado no está sometida a control del Tribunal de Cuentas pues cuenta con su propio servicio de intervención económica.

Por eso, aseguró, cualquier fiscalización externa de las cuentas de la Casa Real no podría hacer una valoración cualitativa del gasto porque su distribución se ejerce libremente, como reconoce la Constitución.