De esta manera, el Ejecutivo pretende corregir los problemas del sector cooperativo español, que se caracteriza por su atomización, con cerca de 4.000 cooperativas y más de un millón de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y que da empleo directo a 100.000 trabajadores.

En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea.

Para ello, la nueva ley quiere aumentar la integración de los productores en sociedades cooperativas agroalimentarias, en organizaciones de productores, en sociedades agrarias de transformación u otras entidades en el ámbito agroalimentario.

También quiere mejorar la capacitación y formación de los responsables de la gestión de dichas entidades y contribuir a la mejora de la renta de los productores agrarios integrados en las entidades asociativas.

Para lograr estos objetivos, crea la figura de la "Entidad Asociativa Prioritaria" de ámbito supraautonómico con suficiente capacidad y dimensión, para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de dichas entidades.

Además, articulará un Plan Estatal de Integración Cooperativa, con objeto de coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las Comunidades Autónomas, en colaboración con el sector, con el fin de aunar esfuerzos y eliminar las medidas que puedan conducir a la dispersión de la oferta.

Con todo ello, el Gobierno pretende impulsar un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante, con lo que se contribuye a la sostenibilidad del sector agroalimentario español y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural.