Así lo anunció el ministro José Ignacio Wert, quien precisó que esta comisión no se limitará a estudiar los costes de la Lomce, sino “los distintos criterios asociados a la prestación del servicio educativo por parte de las comunidades”.

Por ejemplo, explicó, este grupo estudiaría también el impacto de posibles “cambios demográficos como un aumento en el número de alumnos” o los fenómenos migratorios, que varían según las regiones e influyen en el coste efectivo de la educación.

408 MILLONES EN TRES AÑOS

Según el texto aprobado hoy, la implantación de la Lomce supondrá “unos costes directos” de 408 millones de euros en tres años, que el Ministerio de Educación asumirá en exclusiva de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que obliga al Estado a encargarse de cualquier gasto extra derivado de su política.

Los costes rondarían los 23 millones de euros durante el primer año de aplicación, y ascenderían a 130 durante el segundo y a 255 millones en el último año de entrada en funcionamiento.

En rueda de prensa, Wert explicó que este gasto se debe a “la implantación de la Formación Profesional Básica de dos años en sustitución de los antiguos PCPI y a la creación de dos itinerarios en 4º de la ESO (dirigido uno hacia FP y otro hacia Bachillerato)”.

Además, el ahorro que se prevé por compactar las asignaturas ofrecidas en Bachillerato será “menor del que calculamos al principio, porque los primeros años de funcionamiento los centros posiblemente no modifiquen demasiado su oferta de asignaturas”, reconoció Wert.

Sin embargo, los costes indirectos de la Lomce variarán dependiendo “del éxito de la reforma”, prosiguió, que a su vez dependerá de “la medida en que se reduzca el abandono escolar y más alumnos permanezcan en el sistema y estudien Formación Profesional”. Este gasto extra sí debe ser asumido por las comunidades autónomas y en la memoria económica de la Lomce están sin definir.

Por ello, Wert subrayó que, entre otros puntos, el grupo de expertos acordado hoy se encargará de estudiar el impacto de estos costes indirectos.

El grupo se formará en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y estará integrado por todas aquellas comunidades autónomas que lo deseen. La comisión remitirá sus conclusiones al pleno de la Conferencia Sectorial, que después trasladará dichos resultados al Comité Permanente de Evaluación del Consejo de Politica Fiscal y Financiera.

SOLO LO APOYAN LAS CCAA DEL PP

Andalucía, Canarias, País Vasco, Cataluña y Asturias mostraron su oposición tanto al contenido normativo de la Lomce como a su memoria económica, que calificaron de “desastre y de poco rigurosa”.

En declaraciones a los medios, la consejera catalana, Irene Rigau, señaló que solo en Cataluña -según sus informes- implantar la ley costará 170 millones más, pues se equipara la FP con la ESO a la hora de calcular los conciertos, y “no puede ser”.

Además, prosiguió, supone “un ataque sin precedentes a la lengua propia y pretende reducir al mínimo las competencias que los estatutos de autonomía conceden en materia de educación”.

“Si el Ministerio nos ha quitado la financiación de las escuelas infantiles, los programas de refuerzo, y además nos obliga a cumplir los objetivos de déficit para 2015, no entendemos cómo pretende que funcione la ley”, subrayó Rigau. En su opinión, esto obedece a un intento para forzar a las comunidades a “renunciar a sus competencias”.

También la consejera de Asturias, Ana González, aseguró que la ley carece de “todo rigor en sus cálculos”, y puso como ejemplo “la financiación de las reválidas”, para las que "en Primaria se calcula un profesor por clase y en Secundaria, profesor y medio por centro”.

González coincidió con Mar Moreno, la consejera de Andalucía, en que además esta ley acabará con la igualdad de oportundiades para los alumnos más desfavorecidos.

Según Moreno, “nosotros no queremos discutir si cuesta un euro más o un euro menos implantar itinerarios segregagadores; si cuesta un euro más o menos organizar las reválidas, que son muy negativas, o si son 1.000 euros o no los cursos de FP básica, que en realidad son una vía muerta para expulsar estudiantes del sistema”.

RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS

Todas las comunidades que se oponen a la ley destacaron la dificultad de poner en marcha una norma que implica “gastos extra” con las actuales restricciones presupuestarias impuestas hasta 2015 por la UE. A esto respondió Wert que los principales gastos de la Lomce comenzarán a sentirse a partir de 2016, con lo que el déficit “no será obstáculo”.

El ministro se felicitó de hecho por que la norma ya ha superado “todo el camino prelegislativo” y ahora se enviará al Consejo de Estado para que emita un dictamen (el grupo de trabajo realizará sus estudios mientras se tramita). Tras ello, el Consejo de Ministros la aprobará como proyecto de ley e iniciará el trámite parlamentario.

La ley entrará en vigor al año siguiente de su aprobación, con lo que si el Parlamento da luz verde a la Lomce en 2013, comenzará a aplicarse en el curso 2014-2015, y si no, habrá que esperar hasta 2016.