Ese expediente está incluido en el informe de la Oficina de Conflictos de Intereses que cada seis meses el Gobierno envía al Congreso en cumplimiento de la ley.

Según consta en el informe, a 31 de diciembre de 2012 eran 680 los titulares de altos cargos obligados a formular la declaración correspondiente para determinar la existencia de un posible conflicto de intereses.

En el segundo semestre del año, el periodo que abarca el informe, se registraron 245 declaraciones en el momento de nombramiento, y 206 al cese. Además hubo 552 anuales, 82 publicadas en el BOE, 12 declaraciones de actividad privada tras el cese y 14 de cambio de actividad tras el cese.

En el momento de emitir el informe no había ningún caso de incumplimiento de la obligación de presentar la declaración, aunque a lo largo del semestre se emitieron 125 recordatorios y se efectuaron 18 requerimientos, todos ellos contestados.

Se incoaron dos expedientes sancionadores, uno de ellos contra Olga García Frey, directora general del ICO desde septiembre de 2008 a febrero de 2012, que fue resuelto por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre con calificación de infracción muy grave sancionada con imposibilidad de ocupar altos cargos durante un máximo de siete años.

El informe incluye todos los documentos del procedimiento sancionador, en el que se expone que García Frey prestó sus servicios profesionales durante al menos 13 años en Price Waterhouse Coopers (PWC).

Después, ya en el ICO, tuvo "interés directo" en la sesión de la comisión de contratación del para adjudicar una herramienta informatica a PWC, y después asumió las cometencias de presidencia de esa comision, sin haber constancia de que se abstuviera.

Según los datos incorporados al expediente, desde esa primera sesión de la comisión de contratación y hasta 2011 el ICO adjudicó y formalizó contratos con PWC por al menos 2.673.900 euros.

La interesada alegó sin éxito que su contrato laboral con PWC era de nivel "intermedio" y sin labores realcionadas con la toma de decisiones sobre la administración, dirección o asesoramiento, por lo que consideraba que no se daban los supuestos de vulneración de la ley.

El otro procedimiento sancionador, que finalizó por prescripción con el archivo del expediente, se abrió a Juan Antonio March Pujol, ex embajador en Rusia, que solicitó excedencia voluntaria como funcionario público para ejercer como vicepresidente de Ralaciones externas de la Fundación ONUART.

Se le abrió el expediente por no haber solicitado previamente la autorización preceptiva y el interesado alegó que no había recibido retribución y que contaba con autorización del Ministerio ya que el propio ministro era el presidente de dicha Fundación.

Finalmente, se consideró prescrita la infracción y se archivó el expediente.