Contestó de esta forma a una pregunta del senador del PNV Iñaki Anasagasti en la sesión de control al Gobierno, en la que interpeló al ministro si el Ejecutivo piensa “impedir que las comunidades autónomas puedan tener iniciativas en política exterior”, según podría interpretarse de ciertas filtraciones aparecidas en la prensa de los borradores de la Ley de Acción Exterior.

Margallo contestó inicialmente que el Gobierno hará “todo lo que esté en su mano para que las comunidades autónomas puedan actuar en el exterior de forma más eficiente y económica que lo están haciendo en la actualdad”.

Anasagasti volvió a la carga preguntando si ese propósito ser hará extensivo a la sección comercial de las embajadas españolas, que a su juicio “no se distinguen por su lucidez ni por su trabajo”.

El senador nacionalista apeló a una sentencia del Tribunal Constitucional que avaló el derecho del País Vasco a llevar a cabo iniciativas en el exterior y al principio de que “también las comunidades son Estado”.

Seguidamente, achacó a Margallo que plantee sus iniciativas “con bronca” y con “malas pulgas”, en lugar de hablar con las comunidades autónomas, espetándole: “Su léxic o es de imposición, no de integración y coordinación” .

Margallo le replicó que broncas en el Senado sólo las ha tenido con él y sin empezarlas nunca, y distinguió entre política exterior y acción exterior: la primera corresponde constitucionalmente al Estado y la acción exterior a cualquier sujeto que tenga competencias en el interior. Sin embargo, ante la proliferación de sujetos, estima que “ es necesario planificar y coordinar”.

El ministro recordó que el año pasado las comunidades autónomas hicieron 126 visitas a otros países sin que el Gobierno central montara “bronca ninguna”.

Aseguró que lo que Exteriores ha hecho ha sido ofrecer a las comunidades que, si lo desean, puedan integrar sus representaciones diplomáticas en las estatales, igual que España lo está haciendo en las de la UE o la Comunidad Iberoamericana de Naciones. También está abierta la posibilidad de que el Estado defienda la lengua y la cultura propias de las comunidades que las tengan.

“Se trata de planificar, de coordinar y de hacerlo más efectivo”, proclamó, aclarando que si una comunidad prefiere cerrar ambulatorios a clausurar oficinas en el exterior “está en su derecho” y tendrá que responder de ello ante sus electores.

El Gobierno lo que hace, aseguró, es ofrecer a las comunidades “un marco de colaboración que no tenían” y el apoyo de los embajadores españoles, que son, al final , quienes “abren las puertas” del acceso a las autoridades de otro país.

“Eso se llama ayudar”, puntualizó, deseando a Anasagasti que el País Vasco se incorpore a la serie de comunidades autónomas que han integrado sus representaciones exteriores en las del Estado. “Y verá cómo esto va a funcionar mejor y usted y yo nos vamos a llevar mejor”, terminó con sarcasmo.