Según explicó el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en la rueda de prensa de valoración de los datos de afiliación y paro de enero, el "foco" del Ejecutivo se pondrá en las fórmulas para endurecer el acceso a la jubilación anticipada de forma "voluntaria".

En su opinión, con el modelo actual "se mantienen incentivos suficientes para que los ciudadanos decidan marcharse" del mercado de trabajo.

Estas medidas serán una "combinación" entre el retraso de la edad de acceso a la jubilación anticipada, un incremento del número de años de cotización exigidos, y una revisión de los coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión.

Burgos apuntó que a cierre del pasado año la edad real de jubilación se situó en los 63,9 años, una cifra "importante" pero que no puede ocultar que existe un "altísimo nivel de jubilaciones anticipadas".

En su opinión, la edad real de retiro es tan alta debido a que hay "un grupo de ciudadanos que asume a su cargo la continuidad, mientras que hay otros que se marchan antes". Por esta razón, considera que "hay que reequilibrar" el modelo para "que no sea tan sencillo, tan fácil y, sobre todo, tan barato" jubilarse de forma anticipada.

Con este objetivo, el Gobierno presentó ya un documento para el debate en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y explicó que en la actualidad están en un periodo de "negociación". No obstante, adelantó que "en los próximos días, más o menos, estaremos en condiciones de conocer esos criterios".

Para Burgos, el incremento en la utilización de las jubilaciones anticipadas (14,6% en 2012) "constituye un problema serio para nuestro modelo de protección social", por lo que considera que son "necesarias medidas de contención de este tipo de jubilación".

"La pervivencia de nuestro sistema de Seguridad Social tiene mucho que ver con la continuidad laboral, por eso hay que eliminar los incentivos que pueda haber", insistió.