Urkullu se refirió a este asunto en el Palacio de la Moncloa y en la rueda de prensa que dio tras entrevistarse por espacio de tres horas con el presidente Mariano Rajoy. Se trataba del primer encuentro institucional entre ambos tras el relevo en Ajuria Enea.

A este respecto, el jefe del Gobierno vasco dijo que había tratado con Rajoy el asunto del final del terrorismo etarra, pero dijo que sus conversaciones con el presidente sobre este asunto deben estar presididos por la “discreción” y “lealtad recíproca”. No obstante, afirmó que “tenemos claro cuál es la agenda,” y “el tiempo que cada uno tiene que ir gestionando”.

En este sentido, sostuvo que “ETA tiene que hacer gestos”, más allá del gesto “básico” y “esencial” de poner fin a los atentados. Según Urkullu, la banda criminal “tiene que seguir haciendo gestos, que pueda provocar lo que sean los pasos que otros puedan dar”, en clara referencia al Ejecutivo central y a la política penitenciaria.

“DAÑO CAUSADO”

En esta línea, el lehendakari añadió que la banda etarra y la izquierda abertzale tienen que “hacer un reconocimiento del daño causado” y “una revisión autocrítica del pasado”. Señaló que “a partir de ahí hay todo un escenario por trabajar en el orden a lo que es la convivencia normalizada”.

En esta línea, añadió que tanto el PNV como las instituciones vascas han pedido cambios en la política penitenciaria, de manera que ésta pase a estar más centrada en

el “espíritu de la Constitución española” y en los principios de reinserción y resocialización.

Por eso aseguró que serían buenos los “gestos” hacia los presos, no “medidas de gracia generalizadas”, sino los grados y beneficios penitenciarios que se podrían aplicar “en función de los pasos que unos y otros puedan dar”.

Por su parte, fuentes del Gobierno informaron de que Rajoy escuchó el planteamiento realizado por el lehendakari, pero mantendrá su actual política en lo que se refiere al fin de la banda etarra. En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha insistido en pedir la disolución de la organización terrorista, tras lo cual el Ejecutivo actuará “con justicia y con arreglo a la ley”.