En la providencia se recoge que se oirá a las partes y al Ministerio Fiscal en el plazo de diez días, para que aleguen lo que convenga sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad.

La Audiencia Nacional apunta que la duda de constitucionalidad se concreta en que el citado precepto establece la reducción de retribuciones en las cuantías que correspondiera percibir en el mes de diciembre de 2012 como consecuencia de la supresión de la paga o gratificación extraordinaria.

Así, hace referencia a resoluciones del Tribunal Supremo, que establecen que las gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día.

La disposición controvertida, prosigue, establece la supresión sin excepción alguna respecto de la parte que ya se hubiera devengado a la fecha de su entrada en vigor (el 15 de julio de 2012), por lo que se plantea la posibilidad de que esté vulnerando lo dispuesto en la Constitución.

La Constitución “garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales”, recuerda la Audiencia Nacional, que agrega que “en la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional”.