Urdangarin y Torres tienen un plazo de cinco días hábiles para aportar cada uno su parte de la fianza, según se estipula en el auto dictado hoy por el magistrado. En caso de no poder consignar la cuantía fijada, el juez Castro podría decretar el embargo de sus bienes.

Además de con dinero, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que las fianzas se cubran mediante hipoteca o a través de un aval, tanto personal como bancario.

La imposición de la fianza llega días antes de que el juez vuelva interrogar a Torres y Urdangarin. El marido de la infanta Cristina está citado para el próximo 23 de febrero mientras que Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, deberán comparecer el 16 de febrero.

El instructor tiene intención de preguntar a los imputados en relación al nuevo delito contra la Hacienda Pública del que se les acusa por un presunto fraude fiscal de 470.000 euros así como acerca de sus supuestas cuentas en Andorra, Luxemburgo y Suiza.

El juez Castro decidió además este martes imputar en la causa al secretario de la infantas, Carlos García Revenga, quien deberá declarar en los Juzgado de Palma de Mallorca el próximo 23 de febrero, inmediatamente después de que lo haga Urdangarin.

FIJACIÓN DE LA FIANZA

Este tipo de fianza se impone a los imputados para que puedan hacer frente a las responsabilidades civiles si son condenados y su cuantía representa la cantidad supuestamente defraudada más un tercio.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado mes de noviembre una fianza solidaria de 8.189.448 euros para ambos después de encontrar centenares de facturas falsas y duplicadas en la contabilidad del Instituto Nóos.

Los fiscales encargados del caso, Pedro Horrach y Juan Carrau, presentaron al juez Castro un detallado informe en el que aseguraban que estas facturas falsas sirvieron para que Urdangarin y su socio defraudaran un total de 5.905.079 euros de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares.

El informe afirmaba que el duque de Palma y su antiguo socio recurrieron supuestamente a toda una batería de artificios contables para enmascarar ante el juez Castro los precios ‘inflados’ que cobraron a las administraciones públicas por sus servicios. Según Anticorrupción, llegaron incluso intentar justificar ante el magistrado los cargos que realizaron a las arcas de los gobiernos autonómicos con facturas como una relativa a la compra de bolígrafos.

DINERO DEFRAUDADO

Los fiscales Anticorrupción solicitaron la fianza tras haber analizado la documentación contable incorporada a la causa para determinar qué facturas atribuidas al yerno del Rey son legales y cuales no. Este análisis se realizó teniendo como referencia los informes periciales y de la Agencia Tributaria.

Los cerca de 6 millones de euros fueron obtenidos por Urdangarin y Torres principalmente a través de los servicios –conferencias, seminarios y jornadas- que el marido de la Infanta Cristina y su socio realizaron para varias administraciones públicas como los Gobierno de la Comunidad Valenciana o de las Islas Baleares.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el yerno del Rey y Torres cobraban a las administraciones precios ‘inflados’ muy superiores a los gastos generados por los servicios prestados.