Así lo anunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, donde indicó que “la parcialidad en nuestro país”, en muchos casos “es no deseada” y se hace “un mal uso” de este tipo de contratos.

“La mayor parte de las empresas cumplen la ley pero hay un porcentaje que tiene asentada la cultura de la precariedad”, apuntó la vicepresidenta segunda, quien avanzó que la Inspección va a controlar también el uso que se realiza de los contratos fijos discontinuos tras la entrada en vigor de la reforma laboral.

De hecho, antes de la aprobación de la última legislación del mercado de trabajo, Díaz detalló que en casi la mitad de los casos en que actuó la Inspección se detectaron usos irregulares de los contratos fijos discontinuos.

Así, concretó que antes de la reforma laboral se detectaron 14.500 empresas con mala praxis en este sentido, lo que supuso la conversión en indefinidos ordinarios a 25.800 empleados.

Por esta razón, declaró que trabajará junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ya que hay un “mal uso” de la contratación fija discontinua en sectores como la educación, los comedores escolares y la limpieza en este ámbito, pese a las sentencias judiciales.