Fuentes de la dirección nacional del PP reconocieron a Servimedia que el Código de Buenas Prácticas que el partido aprobó en 2009 obligaba a realizar una auditoría externa de las cuentas pero no se acudió a ninguna empresa especializada porque se consideraba que el examen anual del Tribunal de Cuentas al que están sometidos todos los partidos políticos por ley ya constituía en sí mismo una auditoría externa.

El PP se acoge a este argumento para sostener que sí cumplió el artículo 17 del Código de Buenas Prácticas, el cual plasma por escrito como una obligación que "anualmente se someterán las cuentas del partido a una auditoría externa, cuyo resultado se publicará en la página web".

El documento se aprobó en 2009 y fue presentado en público el 21 de diciembre de aquel año por la propia secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, la actual ministra de Sanidad y Servicios Sociales. Sin embargo, la auditoría externa nunca llegó a encargarse porque se confiaba plenamente en la acción del Tribunal de Cuentas.

Para avalar este comportamiento, las fuentes consultadas explicaron a Servimedia que el PP matizó el artículo 17 del Código de Buenas Prácticas cuando modificó los estatutos del partido en el XVII Congreso Nacional que los populares celebraron en Sevilla en febrero de 2012.

Entonces, introdujeron una corrección en el artículo 60.3 para dejar claro que la auditoría externa de las cuentas que debería realizarse anualmente correspondía expresamente al Tribunal de Cuentas, conforme a la legislación vigente. De este modo, quedó descartada la posibilidad de recurrir a una empresa especializada.

Si ahora se recurre a una compañía de primera fila para auditar las cuentas del PP, como anunció este lunes el propio Mariano Rajoy en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, es de manera "excepcional" y con el objetivo prioritario de demostrar que las cuentas están limpias.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

El Código de Buenas Prácticas se elaboró en 2009 a raíz del escándalo que el 'caso Gürtel' provocó en la formación por los regalos y el dinero que varios dirigentes recibieron presuntamente de la supuesta trama de corrupción organizada por el empresario Francisco Correa.

Cospedal anunció en su presentación hace tres años que, para vigilar el cumplimiento de este reglamento, se nombraba al tesorero José Manuel Romay Beccaría como auditor de prácticas internas, una nueva figura que posteriormente heredó Carmen Navarro cuando sustituyó al dirigente gallego al frente de las finanzas del partido.

Asimismo, se designó una comisión de seguimiento integrada por tres miembros del Comité de Derechos y Garantías del PP para asegurarse que el Código de Buenas Prácticas se ponía en práctica. A pesar de estos mecanismo de vigilancia, la auditoría externa nunca llegó a encargarse, aunque el partido sostiene que sí se hizo a través del Tribunal de Cuentas.