Esta petición se basa en el testimonio personal de Luis Olórzano, ciudadano ecuatoriano con nacionalidad española afectado por un procedimiento de desahucio, que tiene acumulada una deuda de 173.000 euros con los bancos debido a un accidente laboral que le imposibilitó para desempeñar el trabajo que estaba realizando, lo cual le hizo perder su empleo.

Olórzano, apoyado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, interpuso una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, después de haber agotado todos los demás recursos posibles, para que un juez escuchara las razones por las cuales no podía hacer frente a su deuda.

La Defensoría del Pueblo considera que, “al no haber posibilidad de exponer ante un juez las razones de no pago de una deuda, se está vulnerando el derecho a una justicia de la que deben gozar todos los ciudadanos y ciudadanas”.

Asimismo, esta institución considera que “la justicia es, fundamentalmente, un ejercicio de ética, que no puede darse en un contexto en el que sólo es escuchada una de las partes”.

Ramiro Rivadeneira informó también de que esta institución suscribe propuestas realizadas por diferentes actores, como la posibilidad de que se regule la dación en pago, para que las personas puedan resolver definitivamente su deuda devolviendo la vivienda a los bancos.

El defensor del Pueblo de Ecuador señaló que existen aproximadamente 6.000 ecuatorianos en España que están siendo atendidos por algún procedimiento de desahucio.