En su intervención en el Pleno del Senado, Báñez apuntó que estas medidas incluirían aplazamientos de hasta cinco años en el pago de las deudas y condiciones “más flexibles” en las amortizaciones. Además, se ampliaría de uno a dos años el plazo de subasta desde la primera diligencia de embargo.

La ministra, que apuntó que estas medidas se aprobarán “en próximas fechas”, defendió que los casos en los que el autónomo puede ver embargada su vivienda habitual son “excepcionales” ya que éste es el último bien embargable y se da un plazo de un año antes de ejecutar esta acción.

No obstante, señaló que el Ejecutivo ya está estudiando estas medidas para aliviar las dificultades de las personas que han llegado a esta situación y que “tienen que tener la atención de las administraciones y de la Seguridad Social”.

También apuntó que hay un “compromiso no escrito” de la Tesorería General de la Seguridad Social para evitar en la medida de lo posible los embargos de la vivienda habitual.

Por otro lado, Báñez anunció que durante el año pasado la Seguridad Social concedió aplazamientos en las cuotas a un total de 24.340 autónomos por un importe total de 175 millones de euros.

Según la ministra, éste es un esfuerzo “importante dada la situación de liquidez y tesorería que atraviesa la Seguridad Social”.