En concreto, la CNC ha impuesto multa por valor de 15.210.253 euros a Altc, 5.258.876 euros a Cotraport (la entidad sucesora de Transcont) y 100.000 euros a la Autoridad del Puerto de Barcelona.

En junio de 2011, la CNC abrió un expediente sancionador por posibles conductas anticompetitivas llevadas a cabo en el sector del transporte terrestre de contenedores por carretera con origen o destino en el Puerto de Barcelona. Con carácter previo, el 23 de marzo de 2011, se realizaron inspecciones en las sedes de diversas asociaciones del sector.

Tras las investigaciones, en su resolución de 10 de enero de 2013, el Consejo de la CNC consideró acreditado “un acuerdo de fijación de precios y condiciones comerciales (plazos de pago, formas de pago), de limitación o control de la producción y de reparto de mercado en el transporte por carretera de contenedores con origen y/o destino en el Puerto de Barcelona, entre enero de 2006 y marzo de 2011”.

Se trata, según el organismo, de un cártel instrumentado a través del acuerdo entre las asociaciones Altc (Asociación Logística de Transporte de Contenedores) y Transcont (Asociación de Auto-patronos y Empresarios de Transportes de Contendores y Afines por Carretera de la Provincia de Barcelona) para elaborar conjuntamente una tarifa para fijar los precios, la forma y plazo de pago así como los rappels del transporte de contenedores por carretera en el Puerto de Barcelona.

Por lo que respecta a la responsabilidad de la Autoridad del Puerto de Barcelona, para Competencia consta acreditado que, al menos desde 2007 participaba en la organización y operativa del observatorio de costes, primero subcontratando el servicio y después de manera interna, elaboraba los documentos de base para calcular el coste del transporte. Su presencia consta a lo largo del periodo estudiado en gran parte de los contactos entre Altc y Transcont, relacionados especialmente con el observatorio de costes.

Por último, en su resolución, el Consejo de la CNC recuerda que esta conducta ya fue acreditada en el pasado, en la Resolución de 1 de abril de 2008, recaída en el expediente 623/07 Transporte de Barcelona y que fue confirmada por la Audiencia Nacional en las sentencias de 19 de enero de 2012 y 17 de octubre de 2012.