Según AUGC, el único fin de esta decisión del Ejecutivo es “recaudar” y hacer frente a la “picaresca” de los que no pagan en las autopistas.

En concreto, esta asociación de agentes asegura que, desde el 3 de enero, los empleados de autopistas están dotados “temporalmente” del estatus de “autoridad” en ausencia de los agentes del orden. Además, estos trabajadores estarán obligados a denunciar el impago de los peajes, teniendo “valor probatorio” su versión de los hechos.

Para esta colectivo de agentes, “la solución a los problemas de la agrupación de tráfico no pasa por dotar de autoridad a los empleados de las autopistas”, sino de dotar de más miembros a la Agrupación de Tráfico de la Benemérita.

La AUGC sostiene que en la actualidad se da una situación “preocupante”, puesto que la Agrupación de Tráfico padece “un déficit de efectivos para cubrir con eficacia las vías españolas”.

Esto supone que existen sólo 9.000 guardias civiles para una red de carreteras que llega a 165.000 kilómetros y un parque automovilístico de cercano a los 38 millones de coches. Esto sitúa a España como cuarto país con más coches por habitante, con casi 500 turismos por cada 1.000 habitantes.

El colectivo de agentes añadió que, al dotar de autoridad a los empleados de las autopistas, “todos ganan: los empresarios logran que nadie quede impune y el Gobierno también engorda sus arcas con el incremento de las multas”.

“Es decir”, añaden estos guardias civiles, “que el Ejecutivo no ha tomado la decisión por mejorar la seguridad vial, sino para contribuir a que los beneficios de unos empresarios privados no caigan. ¿Lo próximo que será? ¿Otorgar también esa autoridad a los dependientes de las pequeñas tiendas o grandes almacenes para que sean ellos los que eviten los hurtos?”.