Tanto Costa como Caamaño no estaban al frente de sus respectivos departamentos cuando se acordó el traspaso de competencias, por lo que, transcurridos 24 meses desde entonces, Costa, que se reunió hoy en Madrid por primera vez con el ministro, reclamó retomar las negociaciones bajo esta premisa.

Así, ambas partes volverán a calcular el coste efectivo de las competencias en materia de Justicia. Fue de lo primero de que habló la consejera balear, que expresó a los periodistas su satisfacción por la "buena disposición" del ministerio con respecto al proceso.

Costa traslado a Caamaño la también "buena disposición" del Ejecutivo que preside el socialista Francesc Antich para aceptar estas competencias, pero siempre y cuando "vengan con la dotación adecuada".

Otro acuerdo tomado hoy en la sede del Ministerio de Justicia es la reanudación de las reuniones para el cálculo del anexo de inversiones que se destinarán a la Justicia de las Baleares con independencia del coste efectivo del traspaso de competencias.

Así, a mediados de diciembre se reunirá el Grupo de Trabajo de Infraestructuras, grupo mixto de trabajo entre el Ministerio y el Gobierno de las Islas Baleares, que tratará sobre las nuevas sedes judiciales de Mahón (Menorca), la más avanzada, subrayó Costa, y de Ibiza y Ciudadela (Menorca).

Finalmente, durante la reunión mantenida hoy con el ministro de Justicia, se ha hablado de crear una comisión mixta entre el Gobierno del Estado y el de la Comunitat de las Islas Baleares con el fin de implantar una oficina judicial en Palma de Mallorca. Se trata de una experiencia piloto que se llevará a cabo, además de en Palma, en otras seis ciudades españolas y que está contemplada dentro del Plan estatal de Modernización de la Justicia.