Así lo expresa la secretaría de Estado de Empleo en un escrito dirigido al Cermi, entidad que denunció ante el departamento que dirige Fátima Báñez el retroceso producido para las personas con discapacidad y propuso el retorno a la regulación anterior, más beneficiosa para este grupo de trabajadores.

Previo a su modificación, el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establecía que para ser beneficiario de la renta, éste debía haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, excepto en el caso en que se tratara de una persona con discapacidad .

Tras su modificación, se suprimió esta excepción, por lo que este grupo también debe, para beneficiarse de esta ayuda, acreditar que ha agotado las prestaciones por desempleo.

El ministerio afirma en su escrito, según el Cermi, que el cambio normativo que afecta entre otros a los trabajadores con discapacidad "obedece a una política de racionalización de las prestaciones y ayudas a las personas en situación de desempleo, que pasa por que este recurso se limite a las personas que han sido activas y han desempeñado un puesto de trabajo".

La nueva regulación exige que se hayan agotado las prestaciones y subsidios por desempleo, que implica el haber desarrollado con anterioridad una actividad laboral.

El ministerio indica al Cermi que las personas con discapacidad siguen siendo "uno de los grupos incluidos en este programa de renta activa de inserción, y que no tienen limitaciones de edad para percibirla".

El Cermi lamenta esta decisión y recuerda a Empleo que la Defensora del Pueblo se ha hecho eco de la denuncia y ha asumido los postulados de la plataforma de la discapacidad, recomendando al ministerio la vuelta a la regulación anterior, más favorable para las personas con discapacidad.

"El Cermi seguirá con la presión social, política y parlamentaria para lograr que se revise esta decisión, contraria a la protección social de los trabajadores con discapacidad, uno de los grupos más excluidos del mercado de trabajo", concluye el Comité.