Según informó el Ministerio de Justicia, entre las novedades del nuevo sistema de elección del CGPJ está que “las Cortes procurarán respetar la proporción existente en la carrera judicial entre afiliados y no afiliados y, como mínimo, la proporción de tres magistrados del Tribunal Supremo, tres con más de 25 años de antigüedad, cuatro con menos y dos jueces”.

Además, otro cambio es que las candidaturas de vocales que el mundo judicial planteará a las Cortes no estarán limitadas a 36, sino que se podrán presentar todos los aspirantes que tengan 25 firmas de jueces o el aval de una asociación.

Según Justicia, el nuevo sistema de elección del CGPJ “garantizará la representación de toda la carrera judicial en el órgano de gobierno de los jueces, al facilitar la elección de jueces y magistrados en activo que no pertenezcan a una asociación judicial”.

ANTE UN BLOQUEO

El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón añadió que “con esta reforma se pretende la agilización del Consejo tanto a la hora de ser renovado como en su funcionamiento y en su estructura, lo que se traducirá además en un menor coste económico”.

Justicia añadió que para elaborar el anteproyecto “se han tenido en cuenta las conversaciones mantenidas estos últimos meses con el PSOE, con el fin de sumar a esta reforma al mayor número de grupos parlamentarios durante su tramitación en las Cortes y evitar así que instituciones fundamentales de nuestro Estado de derecho sean modificadas en cada cambio de Gobierno”.

Asimismo, el departamento de Gallardón añadió que la reforma prevé un sistema de renovación del Consejo que garantiza que se cumplan sin retrasos los plazos previstos por la ley para su relevo.

Estos es así porque se contempla que si el día de la constitución del CGPJ el Congreso o Senado no han procedido a la elección de los vocales que le corresponden, el Consejo se constituirá con los diez nuevos designados por la otra Cámara y los diez que en su día eligió la que ha incumplido el plazo. El nombramiento de vocales con posterioridad no supondrá la ampliación de su cargo más allá de los cinco años del mandato del Consejo para el que han sido designados.

“MANTIENE LAS COMPETENCIAS”

En cuanto a las competencias, Justicia señaló que el Consejo “mantiene las competencias que la Constitución le encomienda: nombramientos, ascensos y régimen disciplinario”. Según el Ministerio, “no hay ninguna modificación: las decisiones relevantes seguirán en manos del Pleno, que conserva sus competencias”.

Otra novedad que incluye el anteproyecto es la creación de la figura del “promotor de la acción disciplinaria”, que será un magistrado del Tribunal Supremo o uno con más de 25 años de antigüedad. Tendrá dedicación exclusiva para instruir los expedientes y será quien acuse ante la Comisión Disciplinaria, que actuará como tribunal disciplinario y será quien resuelva los expedientes por infracciones graves o muy graves, aunque la sanción de separación del servicio seguirá correspondiendo al Pleno.

La actividad internacional del órgano de gobierno de los jueces deberá estar coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores y se regulan con exactitud las leyes sobre las que puede emitir informes.

Justicia explicó que la Comisión Permanente asumirá las competencias que en la actualidad se repartían una quincena de comisiones, salvo las que correspondan a la Comisión Disciplinaria, a la de Igualdad y a la de Asuntos Económicos, que se mantienen.