Comenzó por destacar la actuación del Foro Justicia y Discapacidad que funciona desde 2003 con la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado y conocer mejor los problemas con que se enfrentan las personas discapacitadas en relación con la justicia.

Mereció una mención aparte la creación de juzgados especializados en incapacidades así como secciones de las Audiencias, especializadas en familia y discapacidad. En la actualidad existen 13 juzgados en incapacidades, 52 en Familia e Incapacidades y 20 secciones de audiencias especializados en familia y discapacidad.

Además, el CGPJ ha acometido una "decidida acción formativa" encaminada a alcanzar las "mayores cotas de calidad" de la prestación de la justicia. El pasado año, recordó Moliner, se celebraron unas jornadas sobre “Mecanismos de protección jurídica de las personas con discapacidad y en esta anualidad sobre Discapacidad y autonomía de la voluntad”, en esa misma línea.

También desde el Foro se viene impulsando la creación de un Servicio de Orientación Jurídica a discapacitados y familiares, y en este sentido, citó la firma del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, para la prestación del servicio de orientación jurídica específica destinada a las personas con discapacidad.

Explicó de igual modo que el Consejo hace entrega de los Premios “Foro Justicia y Discapacidad” para destacar una o varias actuaciones relevantes en defensa de los derechos de las personas discapacitadas y su mejor integración social, tanto a título personal como en el ámbito de actuaciones corporativas.

En Mayo de este año se entregó el premio en su quinta edición que fue concedido por unaminidad a la Comisón para Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja.

Además, el CGPJ ha impulsado la publicación del libro “Estudio sobre los Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad” para evitar las situaciones de discriminación que todavía persisten.

En él se pretenden abordar diversos aspectos sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia desde la perspectiva de la defensa jurídica, notarial, registral, la función del Ministerio Fiscal para acabar con la perspectiva judicial, tanto en el ámbito jurisdiccional civil, penal, contencioso-administrativo y social.