Se trata de un órgano estatal para la interlocución de las mujeres con las Administraciones, a fin de impulsar su participación en las políticas públicas de igualdad y de lucha contra la discriminación.

Según el Gobierno, se dedicará principalmente a proponer medidas para la promoción integral de la igualdad de trato y de oportunidades y a elaborar informes sobre los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos de competencia estatal, así como sobre el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

El futuro Consejo incluirá a veinte organizaciones de mujeres de ámbito estatal y a las Administraciones públicas, a dos representantes de las comunidades autónomas y a uno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Asimismo, formarán parte de él las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal.