Sáenz de Santamaría explicó que la admisión del recurso por parte del Constitucional conlleva la suspensión de las medidas consideradas inconstitucionales por parte del Ejecutivo, por lo que Cataluña tendrá que dejar de cobrar el euro por receta a los ciudadanos.

Si no lo hace, prosiguió, además de incumplir una decisión jurisdiccional, la Generalitat estaría cometiendo "una gran injusticia" con los ciudadanos, que seguirían pagando un mismo servicio dos veces.

Preguntada por la postura del Gobierno ante el cobro de la misma tasa de un euro por receta en la Comunidad de Madrid, prevista por su Ejecutivo autonómico para enero de 2013, Sáenz de Santamaría dijo confiar en el diálogo y poder llegar a un acuerdo con Madrid para no tener que llevar la medida al Constitucional.

"Confío en que del diálogo (entre Gobierno central y madrileño) pueda salir una decisión acorde con la Constitución y las leyes", afirmó la vicepresidenta, quien insistió, no obstante, en que si no fuera así, el Ejecutivo presentaría un recurso de inconstitucionalidad.

Y es que, abundó, tal como afirmó en su día el Consejo de Estado en su informe, el del euro por receta es un supuesto que, en caso de regularse, correspondería hacerlo a una ley estatal.

La tasa del euro por receta, además, añadió la vicepresidenta, genera desigualdades entre los ciudadanos catalanes y los del resto de España, ya que los primeros pagan más por los mismos fármacos que los segundos.

La medida es, a su parecer, "lineal", es decir, obliga a todos los catalanes a abonar la misma tasa, tengan la renta que tengan, al contrario que hace el llamado copago farmacéutico instaurado por el Gobierno central, que establece distintos niveles de aportación en función de los ingresos de los usuarios.

En cuanto a las tasas judiciales por prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de Justicia, el hecho imponible coincide con lo previsto "desde hace tiempo" en el ámbito de la normativa estatal, por lo que "vulnera" una parte de la Constitución que prohíbe la duplicidad de este tipo de cobros.

Los dos preceptos que impugnará el Gobierno se encuentran en la Ley de Medidas Fiscales de Cataluña, que contenía, además, otro punto con el que el Ejecutivo central discrepaba, pero para el que sí se ha llegado a un acuerdo.

El punto era el referido a la gestión del patrimonio cultural catalán, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy entendía que era también inconstitucional, pero que tras el diálogo mantenido entre las dos instituciones, se ha llegado a un acuerdo.