El Cermi exige que las personas con discapacidad oficialmente reconocida y las personas con enfermedades crónicas o que necesitan atenciones de salud prolongadas en el tiempo "queden exentas de cualquier tipo de aportación económica en la prestación de transporte sanitario, sea urgente o no", ya que, explica el comité, "un sobrecoste de esta clase pone en peligro la continuidad de los tratamientos, comprometiendo el derecho a la salud protegido constitucionalmente".

En su opinión, en el caso de muchas personas con discapacidad, el transporte sanitario es el "único" que garantiza los desplazamientos entre el domicilio y los centros de salud y los hospitales, "puesto que el transporte público no reúne todavía condiciones de accesibilidad para que estas personas puedan circular con normalidad y seguridad".

Para el Cermi, la instauración de nuevas aportaciones económicas para recibir atención sanitaria "ahonda la fractura que las personas con discapacidad siguen sufriendo en su acceso a las prestaciones de sistema nacional de salud, por lo que la oposición del movimiento social de la discapacidad al copago es absoluta".