La querella ha sido presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, por los diputados Alberto Garzón y Ricardo Sixto, en nombre de Izquierda Unida, que ha decidido ejercer la acusación popular contra Cifuentes por delitos contra la Administración Pública, falsedad documental y contra la Constitución.

Los querellantes afirman que “la cívica reunión se desarrolló en todo momento de forma pacífica y sin que se produjese ningún tipo de altercado por parte de los manifestantes”.

En este sentido, añaden que “los únicos incidentes dignos de mención se produjeron cuando cientos de personas fueron acechadas e intimidadas por agentes de la policía y obligadas a identificarse, bajo la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas”.

Apuntan los querellantes que los agentes indicaban que actuaban “cumpliendo órdenes precisas de identificar a los manifestantes” o bien debido a la “elevadísima cantidad de ciudadanos que allí acudieron”.

EXPEDIENTE SANCIONADOR

Uno de los documentos que aportan los querellantes para sostener su acción legal es “la comunicación de un acuerdo de iniciación de un expediente sancionador” contra Alberto Garzón, diputado de IU, “por la supuesta participación en una manifestación con una descripción de hechos genérica y abstracta”.

IU afirma en la querella que “este proceder por parte de agentes a las órdenes de la querellada, consistente en filiar de forma masiva y obligar a desvelar su identidad a los ciudadanos que se manifiestan, se está convirtiendo en habitual y continuado desde que la Sra. Cifuentes Cuencas tomó posesión de su cargo el día 16 de enero de 2012”.

Para la parte querellante, “la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro entre ciudadanos”.

En este sentido, añade que secretario general del Sindicato de policía SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró públicamente el pasado 17 de noviembre de 2012, en Madrid, “con ocasión de la celebración de una manifestación por la defensa de los derechos del colectivo policial que, desde el Gobierno, se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas”. IU adjunta un enlace en el que se pueden visionar las citadas manifestaciones.

Asimismo, señala que la propia Cifuentes “ha admitido públicamente la existencia de un listado de supuestos manifestantes inconformistas con el sistema actual”. En este sentido el texto de la querella añade que, una entrevista concedida a Telemadrid el día 30 de agosto de 2012, Cifuentes dijo que “que tenía una lista negra compuesta por la nada despreciable cifra de entre 800 y 1000 disidentes políticos controlados por la Delegación de Gobierno en Madrid”.

MANIFESTACIONES LEGALES

Los querellantes recuerdan que, según establece la Constitución, “ninguna reunión estará sometida al régimen de autorización previa”. Para IU, “las manifestaciones no son ilegales, podemos calificarlas como comunicadas o no comunicadas. Es una valoración errada, no ajustada a derecho, catalogar una manifestación como ilegal por no haber comunicado su desarrollo a la autoridad competente”.

En ningún caso “manifestación no comunicada” equivale a “ilegal”, y, por lo tanto, “no se puede sancionar por acudir a una manifestación o concentración no comunicada”.

IU añade que, según lo establecido en el Código Penal, “sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos”.

“Sancionar de manera indiscriminada, arbitraria y sin sustento legal alguno no es más que una muestra de la arbitrariedad con que actúa la Administración y cuyo único objetivo es intimidar y desincentivar la participación de la ciudadanía en protestas legítimas y pacíficas”, afirma IU en su querella.

Además, sostiene que la “identificación masiva de los supuestos disidentes políticos, práctica especialmente habitual en la Comunidad de Madrid” desde que Cifuentes está al frente de esta institución, “vendría a conculcar el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad personal” y a la libertad ideológica.