María Teresa Sáez, portavoz de la APM, valoraba así, en declaraciones a Servimedia, que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegurase este martes que esta asociación de jueces le pidió introducir tasas.

Según Gallardón, la APM le entregó un escrito tres días de tomar posesión, en el que le planteaba que se usasen las tasas como elemento disuasorio para frenar la litigiosidad en España.

La portavoz de la APM sostuvo, a este respecto, que su asociación realiza informes todos los años con propuestas para que la Administración de Justicia “funcione cada vez mejor”. En este contexto, desde 1986 vienen planteando “que deben existir tasas judiciales, como existen en Gran Bretaña, Alemania y en Italia”.

Sin embargo, Sáez señaló que su colectivo era partidario de introducir “unas tasas que sean moderadas y proporcionadas al procedimiento, que no se impongan nunca al inicio del ejercicio de la acción, porque supone una limitación al acceso a la Justicia”.

A juicio de la APM, las tasas deberían cobrarse “al final” y “según un criterio de vencimiento objetivo y de temeridad”.

Sin embargo, Sáez señaló que su asociación no está “en absoluto de acuerdo en la forma en la forma en la que el Gobierno ha desarrollado la Ley de Tasas”, puesto que las que se han establecido “no son proporcionales, ni racionales y limitan el acceso del ciudadano a la Justicia”.

“Una cosa”, señaló esta portavoz, “es que consideremos que deben existir tasas y otra muy distinta que la ley que las ha desarrollado lo hace con criterios de racionalidad, como sería necesario”.