Gallardón hizo estas consideraciones este martes en el diario “Abc”, donde participó en un encuentro informativo.

El ministro fue preguntado por el hecho de que varios operadores jurídicos, como los abogados, se hayan referido a que ya no consideran al ministro como interlocutor válido y que quieren tratar con el presidente Mariano Rajoy las reformas de .la Administración de Justicia.

A este respecto, Gallardón señaló que “a quien no quiere hablar conmigo, yo sí estoy dispuesto a hablar con él”. “Como ministro de Justicia”, afirmó, “mi puerta no está cerrada a nadie, aunque yo no haya sido objeto de un tratamiento educado, civilizado y culto. Eso no es obstáculo para que la interlocución con el Ministerio de Justicia esté permanentemente abierta”.

“MÁS OBLIGACIONES”

Respecto a la posibilidad de que los jueces vayan a la huelga, el ministro dijo que le gustaría que los miembros de la judicatura “hiciesen ese ejercicio de responsabilidad al que nos tienen acostumbrados”.

Argumentó que, “al margen” de que se pueda debatir si los jueces pueden legalmente ir a la huelga, “lo importante en esta vida no es siempre es saber si se tiene derecho a hacer algo o no, sino si es lo más adecuado y moralmente lo más solidario” en un determinado momento.

Añadió que, aunque otros funcionarios han hecho huelga tras quitárseles la paga de Navidad de este año, “un juez, además de un servidor público, es un poder del Estado”.

“A lo mejor, más que los derechos lo que se tienen son más obligaciones”, remarcó el responsable de Justicia en referencia a los miembros de la judicatura.

Asimismo, el ministro dijo que los jueces y fiscales protestan “con razón”, debido a que se les ha quitado una paga extraordinaria y se les han rebajado los días por asuntos propios de 18 a 12. Sin embargo, afirmó que como miembro del Gobierno está para atender al interés ciudadano y no al de grupos “corporativos”.

NO “ABDICAR” DE LAS REFORMAS

En esta línea, se refirió, en referencia a las reformas en la Justicia, que “los cambios producen resistencias”, pero afirmó que “esas resistencias no nos van a hacer abdicar del trabajo para conseguir una Justicia más ágil, más solidaria y más justa”.

Respecto a las tasas, el ministro sostuvo que, tres días después de tomar posesión de su cargo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, le entregó un escrito en el que le pedía tasas para evitar la litigiosidad. Gallardón aludió a que los jueces decanos también plantearon algo similar en un encuentro reciente.

Asimismo, el titular de Justicia dijo que con las tasas en España se va a pagar sólo el 8% del coste de la Administración judicial, frente a la media del 30% que se sufraga con las tasas en los países europeos. Asimismo, aludió al alto nivel de litigiosidad en España y a que hay en el país 125.000 abogados, frente a los 51.000 que existen en Francia, que tiene 20 millones más de habitantes.

Al mismo tiempo, el ministro se refirió a que las tasas permitirán multiplicar por tres el número de ciudadanos que se benefician de justicia gratuita. Añadió, en este sentido, que el sistema que permite pagar los abogados de oficio a los que no tienen medios económicos está “al borde del colapso”, por lo que el dinero de las tasas servirá para sufragarlo,